En el Senado avanza una nueva ley de extradición que incorpora los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos, que la norma actual no considera, y modifica el procedimiento a fin de que la resolución para enviar a un ciudadano a juicio en otro país no quede supeditada exclusivamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a la autoridad judicial.
El dictamen, aprobado ayer por las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, precisa que es necesario revisar las normas de extradición a la luz de los compromisos de México en el ámbito internacional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
La reforma plantea que sea la SRE quien califique la petición de extradición para valorar si la persona requerida se encuentra en algún peligro en caso de ser juzgado en el Estado que pide su traslado. Asimismo, la autoridad judicial hará una revisión adicional con los estándares de protección a los derechos humanos.
Se destaca que el procedimiento judicial propuesto empieza con las medidas precautorias que deberá solicitar el Estado requiriente. Un un juez de distrito, a petición de la Fiscalía General de la República, habrá de resolver sobre la procedencia de tales medidas, siendo esta la primera intervención judicial en el proceso de extradición.
Entre otros elementos, la reforma señala que la audiencia en que habrá de resolverse la procedencia de la extradición será oral y tendrá estructura similar a la audiencia de juicio del proceso penal, a fin de dotar de mayor seguridad jurídica a la persona sujeta al procedimiento de extradición.
