Ciudad de México. Ante el amago de productores de tortilla de incrementar el precio del kilogramo de ese alimento, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió a esas agrupaciones las posibles consecuencias que tendrán por la presunta acción de promover entre sus afiliados la manipulación del precio de este producto.

El organismo señaló que la autoridad investigadora remitió apercibimientos al Consejo Nacional de la Tortilla en el Estado de México, así como a diversas agrupaciones, a través de sus representantes estatales de Hidalgo, Tamaulipas y Puebla, pues tiene conocimiento de que podría existir un aumento consensuado en el precio del producto.

De acuerdo con una entrevista al presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López García (https://bit.ly/3fFyap6), a partir del 1 de diciembre subiría un peso por cada kilogramo, acción que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha dicho que no es posible.

La Cofece exhortó a los dirigentes de estas asociaciones a evitar la emisión de recomendaciones sobre aumento de precios, así como a fomentar y vigilar que sus afiliados tomen decisiones de comercialización y de precios de venta de manera estrictamente individual, pues es una obligación en un entorno de precios libres.

“Los precios deben determinarse sin inferencia alguna de los competidores, es decir, cuando exista un aumento en el precio de los insumos en la producción de tortilla”, dijo.

Destacó que la decisión de aumentar o no el precio de este producto hecho a base de maíz debe ser de cada tortillería, pues si se hace en coordinación con sus agremiados implica violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica, ya que las cámaras, asociaciones y organismos tienen prohibido establecer precios.

Reiteró que la coordinación o intercambio de información entre agentes económicos competidores para establecer precios constituyen prácticas monopólicas absolutas, las cuales pueden ser sujetas a sanciones como multas de 10 por ciento de los ingresos de cada agente económico que participe en el acuerdo e incluso responsabilidad penal a las personas físicas participantes del acuerdo, que se sancionaría con cinco a 10 años de prisión y multas de entre 86 mil 880 hasta 868 mil 800 pesos.

El organismo regulador reiteró que si los agentes económicos participaron en dichos acuerdos pueden adherirse al Programa de Inmunidad, bajo el cual sí serán sancionados, pero serán menores por cooperar al aportar información para establecer prácticas monopólicas.