La expropiación de los cuatro predios que demanda la comunidad otomí residente en la Ciudad de México está en vías de concretarse, aseguró Alfonso Súarez del Real, secretario de Gobierno capitalino, en reunión con los ocupantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
En una junta a las afueras de las oficinas centrales del organismo, que se encuentra ocupado desde el 12 de octubre pasado, el funcionario capitalino detalló que el 15 de diciembre se publicará el decreto expropiatorio del predio de Zacatecas 74, antes 72.
En entrevista, agregó que se prevé que la expropiación de los terrenos de las calles Guanajuato y Zaragoza se concreten durante el primer trimestre de 2021 y el de la colonia Juárez, con salida a las calles Londres y Roma “tardaría un poco más en lograrse, estaría para el 13 de agosto, para conmemorar los 500 años de la caída (de Tenochtitlán) para reivindicar a los pueblos originarios mediante esta acción”.
Súarez del Real explicó que este predio será un poco más complicado, debido a que apareció un supuesto dueño, por lo que el proceso podría alargarse un poco más, pero descartó que ello pueda significar una problemática mayor. Con ese sitio se hará una expropiación vía el gobierno federal, debido a que antaño fue sede diplomática.
Además allí hay construcción con valor histórico. “Arquitectónicamente tiene elementos que hay que resguardar e integrar a lo que pueda ser conjunto habitacional” que se construirá para la comunidad otomí.
La reunión fue extraordinaria, luego de que el martes los otomíes quemaron mobiliario del INPI, a las afueras del instituto, en protesta por la ausencia de autoridades locales y federales en lo que debía ser la cuarta junta de negociación.
Los ocupantes del INPI entregaron a Suárez el Real su contrapropuesta que contempla la instalación de siete mesas y esperan una respuesta al documento mañana viernes. Asimismo, acordaron que el martes se realizará una nueva reunión en la que se tratarán detalles de las expropiaciones de los predios.
Las mujeres otomíes comentaron que los ocupantes del INPI se vieron orillados a la quema de mobiliario por la ausencia de respuesta, lo cual ha sido una constante durante los pasados 25 años.
Diego García, integrante del CNI y de la Uprez BJ y Filiberto Margarito Juan, concejal del CNI-CIG y representante de la comunidad otomí en la Ciudad de México, remarcaron que el tema de la vivienda es sólo uno de varios reclamos, entre ellos el tema de los megaproyectos del gobierno federal, los cuales consideran que deben ser cancelados, pues afectan a las comunidades originarias y a sus tierras.
