Organizaciones y expertos señalaron que con el proyecto de Ley General de Aguas de la Cámara de Diputados se mantiene vigente la Ley de Aguas Nacionales, que ha llevado a privatizar el servicio de agua potable, la contaminación y el esquema de concesiones de hasta 30 años a la industria, así como a la crisis de escasez en varias regiones del país.
Actualmente el recurso tiene carácter mercantil y la gestión gerencial afecta a los pueblos indígenas que se encuentran en 49 por ciento de las cuencas más importantes del país, donde se capta 23 por ciento del total nacional, lamentó el abogado Francisco López Bárcenas. Al uso industrial, de riego y ganadería, que se ha privilegiado, se sumó la minería y la extracción de hidrocarburos, advirtió.
La coordinadora Agua para Todos advirtió que ahora el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Feliciano Flores, ofrece un dictamen precipitado y muy limitado, que sólo hace referencia a las iniciativas presentadas sin considerar su contenido, y redactado con ignorancia de la técnica legislativa, además de que excluye a la Comisión de Medio Ambiente, que debe codictaminar.
Aseveró que “el acuerdo, promovido por el panista Mario Mata y el morenista Feliciano Flores, es presentado como ‘avalado’ por el presidente Andrés Manuel López Obrador”. En un comunicado indicó que “esta intentona pretende confundir a la opinión pública y excluir los derechos de los promoventes de las iniciativas de Ley General de Aguas para cobijar a los grandes intereses”.
Agregó que intenta tirar por la borda los avances hacia la Ley General de Aguas consensuada, que respeta la Constitución y los estándares internacionales, presentados el 28 de septiembre ante el relator para el Derecho Humano al Agua y Saneamiento de la ONU y los titulares de las comisiones.
