Ante la falta de un proyecto de consenso para una ley general de aguas, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados anunció que el 2 de diciembre aprobará un dictamen de norma reglamentaria del artículo cuarto de la Constitución en materia de derecho humano al agua y al saneamiento, por lo que continuará en vigor la Ley de Aguas Nacionales.

Ayer mismo se distribuyó entre los integrantes un proyecto, el cual reconoce que si bien las cuatro propuestas buscaban dar un giro, la aplicación de una ley general habría costado más de 200 millones de pesos, “lo cual, dadas las condiciones económicas del país, sería totalmente inviable e irresponsable”.

La ley reglamentaria pretende sólo garantizar el derecho al agua suficiente para las necesidades básicas de la población, explicó en conferencia de prensa el presidente de la comisión, Feliciano Flores Anguiano (Morena). El documento prevé que los estados definan las tarifas de consumo, y el cálculo propuesto por la comisión es que no exceda 3 por ciento del gasto familiar. También plantea que las grandes obras de infraestructura deben ser aceptadas por las comunidades previa consulta informada.

Asimismo, se define el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos al acceso de forma colectiva, irrenunciable e inherente a la propiedad, uso, goce y conservación de las aguas en los territorios o lugares que habitan y ocupan, así como a administrarlas y distribuirlas según sus propias formas de gobierno y sus sistemas normativos internos, priorizando la distribución suficiente y equitativa para toda su población.

Legisladores del PRI y del PAN señalaron que, al menos, la cámara pueda cumplir con la obligación del Estado mexicano de reglamentar el derecho humano al agua.

El proyecto propone que el Poder Legislativo y los gobiernos federal, estatales y municipales programarán y autorizarán “presupuesto suficiente y partidas de inversión, así como estructuras tarifarias progresivas, diferenciadas y asequibles”.