Obispos, intelectuales, académicos, sindicatos y activistas exigieron al gobierno federal acciones concretas para destrabar el conflicto entre Chenalhó y Aldama, en los Altos de Chiapas, así como actuar contra las agresiones armadas que sufren comunidades de esos dos municipios, y de Chalchihuitán, pues incluso una caravana de ayuda humanitaria de Cáritas fue atacada con armas de alto calibre.
El llamado fue hecho en una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas; la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
En el documento, suscrito por cientos de personas, entre ellas los obispos de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, urgieron a las autoridades federales a cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos y sancionar violaciones a los mismos, pues hasta el momento han sido omisas ante los constantes llamamientos para que cesen las agresiones armadas contra las comunidades citadas.
Destacaron que los diálogos y convenios celebrados entre las presidencias municipales, el gobernador del estado, el subsecretario de Gobernación y otras autoridades no han dado resultados.
La situación se ha agravado y el 18 de noviembre una caravana con ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de las Casas y del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas recibió ráfagas de balas de alto calibre a larga distancia, explicaron.
En la ofensiva fue herida una misionera religiosa, destacaron, entre otros, los activistas de derechos humanos Abel Barrera, Gilberto López y Rivas y el sacerdote Miguel Concha, al señalar que los ataques han continuado y son a diario.
Expusieron que la inacción de los gobiernos estatal y federal se traduce en impunidad y aliento a seguir cometiendo acciones criminales. La impunidad fortalece la corrupción de autoridades, subrayaron al referirse a versiones en torno a que autoridades del estado de Chiapas estarían implicadas en el tráfico de vehículos robados, el robo de combustible y la trata de personas, entre otros ilícitos.
Demandaron recuperar el estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia.
Entre las agrupaciones que suscriben la carta se encuentran el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, así como la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios.
