Al considerar que la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social y que en México se ha extendido a prácticamente cualquier actividad, la Cámara de Diputados aprobó declarar el 9 de diciembre de cada año como Día Nacional contra la Corrupción.

En la sesión de ayer, por 472 votos de todas las bancadas, el pleno respaldó el dictamen de la Comisión de Gobernación, en el que se acepta que no se conoce el nivel de corrupción en el país, porque no hay información completa y oportuna, pero sí se confirma que, según mediciones internacionales, “vamos de mal en peor”.

La cámara manifestó que no todo en México está mal y que, a pesar de la resistencia de los gobiernos, hay acciones sociales para acabar con este fenómeno.

El dictamen (que fue turnado al Senado) señala que en el último año del sexenio anterior las cifras oficiales confirmaron que los funcionarios públicos formaron parte de las principales estadísticas de corrupción y que sólo en los estados se recibieron 53 mil 762 quejas o denuncias por actuación indebida.

Aun así, por cada 100 denuncias recibidas por las administraciones públicas estatales en ese año, sólo 13 servidores públicos fueron sancionados, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, citado por la comisión.

La deshonestidad está a tal grado extendida que aparece en un número considerable de actividades, como “en el pago de servicios supuestamente gratuitos, como la recolección de basura; en gasolineras, donde se despachan 900 mililitros aunque el consumidor paga por litro; en la ocupación privada del espacio púbico a cambio de una renta mensual; en la obtención de una comisión (moche) por canalizar recursos a un municipio; en el diezmo cobrado a trabajadores de una dependencia; en la liberación de un delincuente a cambio de una paga...”

En la tribuna, el diputado César Agustín Hernández (Morena) explicó que no sólo corresponde al gobierno atacarla, sino a toda la sociedad, y planteó que definir en el calendario cívico un día contra esta práctica busca hacer conciencia pública.

Ana Lilia Herrera (PRI) refirió que se propone este día en el mismo sentido que prevé la Organización de Naciones Unidas. Se aprueba para sensibilizar a la sociedad y a los funcionarios, así como para llamar la atención de que “existe un problema sin resolver y que debe erradicarse”. No obstante, sostuvo que el combate a la corrupción no debe ser instrumento político ni de persecución.