Los datos mencionados por Emilio Zebadúa González, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el periodo 2012-2018, con los cuales busca que se le conceda un criterio de oportunidad, servirán para complementar información relacionada con más de 30 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2018 referentes a desvíos de recursos en ambas dependencias; sin embargo, no se ha acordado otorgar beneficios legales al ex funcionario, señalaron integrantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF).

El Ministerio Público Federal integra diversas averiguaciones previas y carpetas de investigación relacionadas con el desvío de recursos en Sedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles Berlanga al frente de ambas instituciones, ya que entre 2015 y 2018 la ASF promovió denuncias penales de hechos ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

En sus denuncias, la ASF refirió la contratación de empresas fachada (es decir, constituidas pero sin operaciones registradas), mediante las cuales se entregaron más de 5 mil millones de pesos. En el ilícito participaron instituciones académicas como las universidades Autónoma del Estado de Morelos, la Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chiapas, la Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Juárez de Durango y la Politécnica de Zacatecas.

Por ello ya se inició un procedimiento penal contra Robles Berlanga como presunta responsable de ejercicio indebido del servicio público, lo que habría provocado un daño patrimonial al erario federal superior a los 5 mil millones de pesos. Sin embargo, siguen en curso varias indagatorias, entre ellas la FED/SEIDF/UNAI-CHIS/0001522/2018, en la cual Zebadúa González ha solicitado que se le otorguen beneficios para no ser encausado judicialmente.

En el escrito con el cual Zebadúa González pretende que se le concedan los llamados criterios de oportunidad, menciona 15 contratos de prestación de servicios que fueron signados por las dependencias y con los cuales se transfirieron ilegalmente recursos de lo que ahora se conoce como estafa maestra.