Guanajuato, Gto. Los diputados del PAN, PRI, PRD, MC, PT y Nueva Alianza impidieron que se aprobara un punto de acuerdo —avalado por Morena y el PVEM— para exhortar al fiscal general del Estado Carlos Zamarripa Aguirre, a que renuncie por la muerte de Juan Carlos Padilla Aranda, vendedor de tamales, a manos de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en Celaya, y para que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue el caso.

Durante la sesión del pleno del Congreso, el legislador de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, propuso solicitar la renuncia del titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por los nulos resultados en la procuración de justicia, por la parcialidad e ineficiencia con que realizó la investigación de la muerte del comerciante.

La tarde del 23 de noviembre, Juan Carlos Padilla murió en el Hospital General de Celaya después de ser arrestado por elementos de la AIC, que cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Rosa Isela Zamudio Jasso, esposa de la víctima, denunció que su esposo llegó “muy mal herido al hospital”, tras ser golpeado por el personal de la FGE, quienes no se identificaron ni les mostraron la orden de detención, aunque ellos así lo exigían.

El fiscal Carlos Zamarripa difundió que el vendedor de tamales murió de un infarto, y destacó que Juan Carlos estaba en tratamiento médico porque tenía hipertensión y diabetes, y reiteró que nunca fue golpeado, sino solo "sometido".

El asesinato de Padilla Aranda, aseveró Ernesto Prieto, no es un hecho aislado, se suma a las más de mil 800 quejas que ha recibido la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) contra el personal de la FGE, desde que era Procuraduría de Justicia.

“Las denuncias abarcan hechos como tortura, lesiones, homicidio, arresto arbitrario, extorsión, violación al derecho de petición, ejercicio indebido de la función pública e irregularidades en las investigaciones”, enumeró.

El fiscal general advirtió que investigaría a fondo la muerte de Juan Carlos Padilla, pero después protegió a sus elementos, asegurando que el hombre no fue golpeado, y que falleció de un paro cardiaco, recriminó Prieto Gallardo, al tiempo que resaltó la importancia de que el caso sea investigado por la FGR.

Por otra parte, el diputado panista, Miguel Ángel Salim Alle, defendió a Carlos Zamarripa al argumentar que éste no renunciaría con un exhorto porque el procedimiento para removerlo está plasmado en la Constitución.

“Quiero recalcar el principio de respeto a los derechos humanos, esto dentro del contexto de los acontecimientos acaecidos en el municipio de Celaya, ya por todos conocidos, en los que murió una persona cuando se cumplimentaba una orden de aprehensión”, dijo.

Los diputados deben exigir que la muerte del comerciante se investigue y se castigue a quien resulte responsable, refirió Salim Alle.

También desestimó que exhorten a la FGR a que investigue el caso porque esa es una determinación que debe tomar el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero.