Almoloya de Juárez, Méx., Un juez de control del Centro de Justicia Penal de máxima seguridad del Altiplano vinculó a proceso penal a José Antonio “N”, El Marro, por considerar que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público federal son suficientes para presumir su responsabilidad en el delito delincuencia organizada, relacionado con delitos con hidrocarburos.
Tras escuchar la determinación del juez, El Marro pidió “ser tratado como persona” y no ser sometido a segregación en el penal donde se encuentra desde el 7 de agosto.
El juez afirmó que el hecho de vincularlo a proceso no significa que se le declare culpable de los delitos que se le imputan y aclaró que en el penal desde donde enfrentará el juicio al que será sometido no tiene por qué darle un trato preferencial.
El Marro aclaró no querer privilegios, pero tampoco ser sometido a un régimen extremo o de segregación en este centro federal de readaptación social.
Aunque el Ministerio Público federal solicitó tres meses para la etapa de investigación complementaria, el juez sólo concedió un plazo de dos meses, como lo pidió la defensa, ya que desde hace tiempo se está investigando a El Marro y a sus cómplices, ocho de los cuales ya están sujetos a proceso penal.
El juez marcó el 7 de octubre como la fecha límite para que las partes reúnan las pruebas que se desahogarán en el juicio que se le instruirá a José Antonio “N”.
Una vez que la defensa del acusado no presentó pruebas de descargo, el Ministerio Público federal pidió que se le vinculara a proceso penal por el delito de delincuencia organizada, pues los indicios aportados por la representación social hacen presumir que El Marro es líder del cártel Santa Rosa de Lima dedicado a la extracción ilegal de combustibles de los ductos de Petróleos Mexicanos, que luego vende en el mercado negro.
Se indicó que parte de las conductas delictivas que se tienen acreditadas a El Marro son secuestro, extorsión y homicidios que ordenaba como cabeza de un grupo criminal.
La imputación que formuló el Ministerio Público estuvo basada en cuatro aspectos: acusaciones anónimas, partes policiacos y de análisis criminal de elementos de la Gendarmería que hicieron investigación de campo en municipios de Guanajuato, donde opera principalmente el cártel Santa Rosa de Lima; videos que se difundieron por Internet, notas y reportajes periodísticos, así como escuchas de las intervenciones telefónicas de operadores del mencionado cártel en los primeros meses del año pasado.
