Creada en 1985, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está viviendo un proceso de transformación. Una reforma a la legislación de la institución hecha la semana pasada por el Consejo Universitario dotó de nuevas facultades a la Defensoría, que ahora podrá recibir quejas sobre violencia de género y hará recomendaciones a las autoridades universitarias cuyo incumplimento será causa de responsabilidad, y contará con un consejo consultivo en el que participarán alumnas y académicas, entre otros representantes de la comunidad.
A partir de la reforma, en adelante el organismo se denominará Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género y podrá recibir quejas del alumnado, personal académico y administrativo, por actos u omisiones que afecten los derechos que otorga la reglamentación universitaria, así como por los que constituyan violencia de género.
También colaborará con las autoridades en la estrategia dentro de la universidad para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en general y de género, en específico, de acuerdo con información de la universidad nacional.
Entre las modificaciones se incluye la creación de un Consejo Consultivo con paridad de género, integrado por los titulares del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, y del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. También, por una profesora emérita de la universidad con conocimientos sobre derechos humanos o estudios de género, quien será nombrada por la Comisión del Mérito Universitario.
Igualmente, se integrará a cinco alumnas provenientes de los diferentes niveles de estudio que serán nombradas por comisiones del Consejo Universitario.
Asimismo, se incorporará un docente nombrado por el Consejo Académico del Bachillerato, así como a una persona designada por el titular de la Rectoría.
Entre las nuevas atribuciones de la defensoría de igualdad y violencia de género está emitir recomendaciones sobre los asuntos de su competencia, y que ayuden a prevenir futuras afectaciones a los derechos universitarios y sucesos de violencia de género.
El incumplimiento y desatención a las recomendaciones serán causa de responsabilidad y sancionados conforme a la legislación universitaria o el contrato de trabajo correspondiente.
