La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) falló en contra de los principales responsables del proyecto Estela de Luz que se construyó en el sexenio de Felipe Calderón, por lo que Andrés León Reguera y Juan Alberto Bravo Hernández, ex asesores técnico-administrativos de la empresa III Servicios, tendrán que devolver 446 millones 414 mil 898 pesos a la Hacienda Pública federal por la compra de acero inoxidable de mayor precio al pactado, lo que encareció la construcción de la estructura.

Andrés León y Juan Alberto Bravo pueden impugnar la sentencia del TFJA por amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

En las revisiones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se encontró que los encargados de la obra inflaron el precio del acero del monumento conmemorativo por el bicentenario de la Independencia, por lo que el tribunal ratificó el resultado de esos informes.

La Estela de Luz que se inauguró en enero de 2012 fue muy polémica, ya que desde su construcción se incrementó el costo que pasó de 400 millones de pesos, considerados en el proyecto original, a más de mil millones.

Ayer miércoles, por mayoría de nueve votos, la sala del TFJA aprobó el proyecto de la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, quien consideró infundados los argumentos de los ex servidores públicos, pues señaló que no se vulneró su derecho al debido proceso y que la sanción se encuentra fundada y motivada.

Asimismo rechazó el argumento de los ex servidores públicos de que no hubo daño a la hacienda pública porque el dinero salió de Banjército y fue pagado a la paraestatal III Servicios.

“Se analiza la naturaleza de Banjército, así como de la empresa estatal mayoritaria III Servicios, concluyéndose que si los recursos pactados en el contrato para el desarrollo integral de la construcción del monumento Estela de Luz, fueron aplicados de forma indebida, con independencia de si permanecieron, pertenecían o no la hacienda pública federal, resulta inconcuso, ello no exime de responsabilidad a los actores, pues el destino de los recursos fue diverso a lo originalmente pactado, de ahí lo infundado del argumento”.

Urby Genel recordó que el 28 de abril de 2010, León Reguera y Bravo Hernández dictaminaron un supuesto cambio de acero inoxidable que incrementó el costo del proyecto en 316.5 millones de pesos; sin embargo, el nuevo material era igual al original.