En el ejercicio fiscal 2018, directivos de la extinta Policía Federal (PF) incurrieron en una serie de irregularidades que ocasionaron daño al erario por sobrecosto en la compra de equipo tecnológico para un programa de seguridad nacional, mismo que resultó inoperable, así como por la entrega de cheques millonarios a funcionarios de la corporación sin que se justificara.

En la revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verificó la adquisición de bienes y servicios de parte de la PF por 2 mil 53 millones de pesos, equivalente a 53.2 por ciento del presupuesto total ejercido en tres partidas presupuestales, cuyos principales resultados corresponden a la 33701, que es por gastos de seguridad pública nacional.

Hace unos días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga presuntas irregularidades por desvíos millonarios en la extinta corporación, que ascenderían a unos 2 mil millones de pesos, y entre los acusados se encuentran los ex titulares de la PF, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, quienes entre otras cosas se habrían otorgado cheques nominativos a su favor por sumas millonarias.

En la auditoría, el órgano fiscalizador encontró un contrato por el que se pagaron 499 millones 998 mil pesos a un proveedor para la adquisición de un sistema de cómputo, respecto al cual no se efectuó un estudio de mercado que justificara el precio ofrecido por el proveedor ni que se garantizaran las mejores condiciones para el Estado, además de que su valor se determinó en 20 millones de pesos, de acuerdo con investigaciones realizadas en el mercado de software.

En otro contrato, por 172 millones 166 mil pesos, el vendedor no cumplió con la entrega correcta de tres equipos adquiridos: uno era inoperable y los otros dos carecían de los componentes necesarios para funcionar.

“Respecto de estos dos contratos no se verificó la legalidad de los documentos presentados por proveedores para cerciorarse de la procedencia de los bienes y programas adquiridos”, pues se decía que la tecnología venía del extranjero, pero no se comprobaron las gestiones que permitieran su ingreso al país, pagos por su adquisición ni para el uso de licencias, enfatizó la ASF.

Otra incosistencia hallada en la auditoría fue que, en 2018, la PF ejerció recursos por 42 millones 700 mil pesos que se entregaron con cheques a funcionarios de la corporación. “En las actas circunstanciadas no se señalaron las razones que hicieron imposible la obtención de los documentos soporte ni se anexaron a ellas informes de resultados de las operaciones o investigaciones realizadas, lo cual era requisito para justificar su ejercicio”, indicó la ASF.

También se usaron 801 millones 877 mil pesos para patrullaje y vigilancia sin que hubiera evidencia documental de la prestación de ese servicio; en otro convenio con una empresa, se pagaron 59 millones 374 mil pesos para la capacitación a 991 agentes, pero no hay listas de asistencia que acreditaran la capacitación.

La actual administración analiza si es procedente denunciar a funcionarios de la dependencia por no cumplir con las reglas de operación

Gustavo Castillo García

Entre 2006 y 2018 en la Policía Federal (PF) se ejercieron más de 20 mil millones de pesos correspondientes a la partida 33701, correspondiente a gastos de seguridad pública nacional; de ellos, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto los responsables de la corporación utilizaron la totalidad del dinero asignado, pero no cumplieron con las reglas de operación y documentalmente no acreditaron el destino del dinero.

Por ahora, en el gobierno federal se analiza si es procedente denunciar a funcionarios de ambas administraciones, como Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal entre 2006 y 2012, además de diversos mandos de la Policía Federal y de otras instituciones que estaban encargadas de supervisar el destino de los recursos, señalaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad.

En el ámbito del Poder Ejecutivo, indicaron las fuentes consultadas, hay quienes opinan que ya prescribieron los delitos del sexenio calderonista, pero también existen voces que consideran lo contrario por estimar que se trataron de ilícitos continuados de una administración a otra y que tuvieron un impacto grave para el desarrollo de las labores de seguridad en el país.

Durante el gobierno de Felipe Calderón se asignaron para gastos en la Policía Federal, como parte del rubro 33701, alrededor de 7 mil millones de pesos, mientras en el de Peña Nieto fueron 13 mil 500 millones de pesos.

Los funcionarios entrevistados –quienes hablaron con la condición de permanecer en el anonimato– indicaron que a partir de la denuncia presentada en febrero de 2019 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las revisiones llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación a diversos ejercicios presupuestales, se descubrió que la partida 33701 fue ejercida de manera discrecional y sin que se dejaran los respaldos documentales que motivaron las operaciones.

Las fuentes refirieron que los titulares de las dependencias como la Policía Federal, de la SSPC, no pueden revisar de motu proprio la información documental relacionada con el gasto ejercido ni la comprobación del destino que se dio a los recursos.

Por eso, indicaron que Alfonso Durazo Montaño, titular de la SSPC, tenía que haber presentado una denuncia ante la SFP para que se revisara lo concerniente al contrato con la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems, la cual había vendido en alrededor de 2 mil 400 millones de pesos el sistema de inteligencia conocido como Rafael.

Lo anterior debió ser la consecuencia de que dicha compañía presentara una demanda por incumplimiento de contrato –que hasta la fecha sigue en litigio– en el cual se exige que las autoridades cubran lo estipulado en el documento firmado en 2015, cuando Martínez Zamora era secretaria general de la Policía Federal.

De esta revisión han surgido las irregularidades en los recursos que deben ser analizados para posibles sanciones a funcionarios y ex servidores por medio de las denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción y la Seido, que judicializaron el expediente del que ahora se solicitaron y se obtuvieron 19 órdenes de aprehensión en contra de ex empleados de la PF.