Las entidades federativas no han entendido en toda su dimensión la emergencia del problema social y de justicia sobre alerta de género, advirtió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en su reciente informe.
Entre 2013 y 2020 han sido presentadas 52 solicitudes de alerta en México, de las cuales ha prosperado 40 por ciento. De esa cifra, 21 están en el rango de “declaradas”, 10 no declaradas, 11 acumuladas, cuatro desechadas y cinco en proceso.
La mayoría (86 por ciento de medio centenar de peticiones) fue promovida por organizaciones de la sociedad civil y el resto por comisiones estatales o la nacional de derechos humanos.
Acorde con el seguimiento a estos procesos algunos han visto la luz sólo a partir de órdenes judiciales que han obligado al sistema nacional en la materia a emitir la alerta y a los gobiernos estatales a aceptarla.
De las 21 vigentes, que involucran en conjunto a 18 entidades, tienen que ver con 682 municipios en todo el país señalados por altos grados de violencia feminicida, desapariciones y por agravio comparado.
Hay entidades como Guerrero y Veracruz que tienen, además de la alerta por feminicidio, otra por agravio comparado, mientras en el estado de México se suma la desaparición forzada.
En tanto, de las cinco que están en proceso cuatro no reportan resoluciones desde hace más de un año. Si bien la emergencia sanitaria afectó procesos en los tres niveles de gobierno y en el Poder Judicial, el mayor número de las alertas (ocho) fue emitido en 2017 y en 2019, con seis.
La Conavim señala en su informe la urgencia de actualizar las metodologías para lograr la reducción de la problemática actual. Datos oficiales muestran que de 2015 a junio de 2020 un total de 4 mil 66 asesinatos han sido clasificados como feminicidio y se agregan miles de homicidios dolosos, lesiones y otras formas de violencia contra las mujeres.
La nueva titular de la comisión, Fabiola Alanís, propone un plan para evaluar las alertas, trabajo que está pendiente desde hace un lustro, pero advierte que estos mecanismos “no pueden ser camisas de fuerza para las entidades federativas”.
Comentó que se requiere evaluar las condiciones municipales, estatales y nacionales con el acompañamiento de todos los involucrados, incluidos grupos civiles y académicos. “Tenemos alertas emitidas hace cuatro años que ni siquiera hemos evaluado si han o no funcionado”.
Subrayó que no habrá recorte de recursos y se brindará apoyo a las entidades para coadyuvar a la operación de las recomendaciones contenidas en la alerta, así como en el funcionamiento de los 48 centros de justicia para las mujeres.
“Para estas dos tareas se han dispersado este año 235 millones de pesos y el siguiente seguramente se mantendrá, pues nunca hubo posibilidad de recortar los recursos destinados a la alerta.”
