Días antes de las elecciones presidenciales de 2012 y después de ellas, el PRD y el PAN denunciaron un financiamiento paralelo a la campaña de Enrique Peña Nieto, el cual, a través de las tarjetas Monex, no sólo sirvió para pagar a los integrantes de la estructura territorial del PRI, sino también para comprar votos.
Sin embargo, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) presidido por Leonardo Valdés Zurita, no sancionó al tricolor, pese a que ese partido no pudo comprobar gastos por más de 50 millones de pesos que se distribuyeron por medio de los monederos electrónicos. El voto del consejero y ex procurador general Sergio García Ramírez fue determinante para que el PRI no fuera multado.
La certeza de panistas y perredistas en torno a que el tricolor implementó un financiamiento paralelo para comprar votos y movilizar su estructura electoral, llevó a que el entonces dirigente del blanquiazul, Gustavo Madero, denunciara que Enrique Peña Nieto ganó la Presidencia a “billetazos”, mientras el perredismo resaltó que al IFE le falto seriedad para investigar el caso.
En el entramado de la operación, Roberto Gil y Ricardo Monreal, coordinadores de las campañas de la panista Josefina Vázquez Mota y el entonces perredista Andrés Manuel López Obrador, respectivamente, explicaron que varias empresas, como Inizzio, Efra y Alkino, depositaron millonarios recursos en el grupo financiero Monex para ser distribuidos en 140 mil tarjetas prepagadas.
Al principio el PRI negó el usó de esas micas, pero días despúes Jesús Murillo Karam reconoció su utilización.
Se habló de diversos montos depositados, desde 66 millones hasta 700 millones de pesos, con lo cual el tricolor no sólo había rebasado el tope de gasto de campaña fijado en 330 millones, sino también el límite de aportaciones privadas de 30 millones.
El IFE comprobó la existencia de casi 10 mil monederos electrónicos con un fondeo por 70 millones, de los cuales el PRI no logró acreditar el destino de 50 millones. El órgano electoral no aclaró cuál fue el origen del dinero, señalaron diversos actores políticos, como el diputado Roberto López.
