La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció ayer que bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello Valenzo, líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, así como las de seis personas físicas y cuatro empresas vinculadas al dirigente gremial. De acuerdo con la oficina encargada de inhibir el uso del sistema financiero para el manejo de recursos de procedencia ilícita, Bello dispersaba las ganancias de sus actividades criminales a través de instituciones legales, para lo cual recurría a prestanombres, empresas fachada y una red de familiares y colaboradores.
El líder de la Confederación Libertad, que presume contar con más de 2 millones de agremiados, presencia en 20 entidades de la República, más de 50 sindicatos nacionales y decenas de estatales, arrastra una cauda de denuncias que se remontan al menos a 2016 por delitos tan graves como un homicidio, secuestros, extorsiones y despojos. En la capital del país, la organización se hizo notoria por actos de violencia y extorsión contra compañías de abastecimiento de agua a través de pipas, a las cuales presuntamente coaccionó para que le cedieran sus contratos o le entregaran una cuota a cambio de mantenerlos. Autoridades del gabinete de seguridad capitalino la han vinculado con despojos, invasión de predios, cobro de derecho de piso, entre otros ilícitos, en las alcaldías Tláhuac, Iztapalapa y Coyoacán. En los estados de Morelos y Oaxaca existen señalamientos de la misma índole contra la organización.
Más allá de los ilícitos que se le comprueben a quien pretendía forjar la tercera confederación sindical de alcance nacional, el caso de Hugo Bello constituye un recordatorio de que el ámbito sindical permanece como un reducto de la corrupción, no porque los sindicatos sean más propensos a las malas prácticas que las instituciones públicas, las empresas, los partidos o las organizaciones sociales, sino porque los mecanismos de vigilancia y fiscalización tienen en ellos una presencia menor. Así, en tanto que las prácticas irregulares en el sector público salen a la luz por denuncias internas o externas, o bien por el escrutinio legislativo e incluso el periodístico, la corrupción en el sector privado puede detectarse rastreando sus contratos con entidades gubernamentales, todos los cuales se encuentran sujetos a la vigilancia institucional. Está claro que ninguno de estos mecanismos ha bastado para acabar con la corrupción gubernamental o empresarial, pero sí le han cerrado numerosos caminos.
En cambio, la lucha contra la corrupción resulta más difícil en el sector sindical debido a la autonomía de la que gozan –y de la que deben seguir gozando, sin duda– las organizaciones de los trabajadores. Esta situación explica, en gran medida, la supervivencia de dirigencias corrompidas en importantes sindicatos y ligas sindicales del país. Es claro, desde esta perspectiva, que la principal vía para combatir dicha lacra en la vida gremial pasa por una auténtica democratización de esas organizaciones, es decir, por su recuperación por parte de los propios asalariados y el consiguiente fin de los cacicazgos, los contratos de protección y los sindicatos blancos auspiciados durante décadas por el sector patronal con la complicidad de los gobernantes.
En suma, es saludable que se esclarezcan las acusaciones que pesan sobre el líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México, pero la investigación correspondiente debiera incluir también cobros de cuotas indebidas o sometimientos a contratos de protección que pudieran haber afectado a sus agremiados y, en general, para dar impulso al necesario saneamiento de la vida sindical en la nación, condición indispensable para el éxito en la lucha por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.
