¡Fuera Áñez! es la demanda que se ha impuesto en la actual movilización popular de protesta en Bolivia. Hace escasamente una semana la exigencia era: ¡Elecciones, ya!, que se cumpliera con la convocatoria para la fecha del 6 de septiembre, pactada en su momento por las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Rechazar la nueva posposición de los comicios para el 18 de octubre adoptada por el TSE, la tercera, con la excusa de proteger a la población contra el coronavirus, sin haber realizado ninguna consulta a las fuerzas políticas y al movimiento popular. Como ya relaté en este espacio ( La Jornada, 30 de julio, Opinión), contra la posposición del acto electoral fue convocada una movilización y cabildo abierto en la ciudad de El Alto por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad (reúne a los movimientos sociales campesinos e indígenas), que dio un plazo de 72 horas al TSE para que repusiera la elección el 6 de septiembre o de lo contrario se decretaría una huelga general y bloqueos carreteros hasta que se accediera a su petición. El 3 de julio fueron aplicadas las medidas anunciadas por la COB y los movimientos sociales, que pese a haberse reunido durante horas con el órgano electoral no han logrado que éste adelante la fecha de las elecciones. Y es que el presidente del TSE ha obedecido hasta ahora las órdenes de Áñez. Las bases de la COB, del Pacto de Unidad y otras fuerzas sociales se sienten ninguneadas por el gobierno de Áñez, que les provoca el mayor hartazgo y rechazo por la evidente intención de la autoproclamada de perpetuarse en el poder, haber desmantelado y saqueado las empresas públicas, cerrado de manera arbitraria el curso escolar y por su desastroso manejo de la pandemia desoyendo los consejos del Colegio Médico, incluyendo una escasez de medicamentos básicos y corrupción escandalosa en las compras sanitarias, como 500 ventiladores que no se sabe dónde están.
Conviene recordar que Áñez se autoproclamó presidenta “interina”, en violación del texto constitucional, el 12 de noviembre de 2019, pero aceptó más adelante cumplir con una agenda pacificadora y convocar a elecciones el 5 de mayo de 2020. Recordemos, desde entonces ha habido tres posposiciones con el pretexto de la pandemia.
¿Cómo se fraguó el golpe de Estado que entronizó a Áñez? Estados Unidos y la derecha local realizaron una serie de acciones, previas y posteriores a las elecciones de octubre de 2019, para hacer creer a una parte de la población urbana, mediante una delirante campaña mediática nacional e internacional, que las elecciones serían fraudulentas y para alentar en las clases medias urbanas el racismo antindígena y, por consiguiente, demonizar la gestión de Evo Morales. Más adelante, promovieron un burdo montaje a cargo de Luis Almagro, secretario general de la OEA, para arrojar un velo de duda sobre la transparencia del proceso electoral y exigir que se realizaran nuevos comicios. Extremo aceptado por Evo, pese a saber que era una acción del imperio para derribar el proceso de cambios, pero en el intento de cortar la espiral de violencia salvaje que la derecha había lanzado contra funcionarios de su gobierno y sus familiares. Pero ya era indetenible el golpe de Estado, organizado por poderosos intereses económicos y geopolíticos locales y del imperio del norte ansiosos de acabar con una Bolivia independiente, próspera y de justicia social y de apoderarse de sus recursos naturales, entre ellos el litio. Contaron con el respaldo de la policía y muy especialmente del ejército, cuerpos cuyos jefes literalmente compraron con una millonada. Esto aseguró una violenta represión por los militares de la oposición indígena y campesina al golpe y condujo a las sangrientas matanzas en Senkata y Sacaba.
La situación actual es muy explosiva pues el régimen de Áñez está sumamente debilitado por todo lo ya expuesto. Tanto, que la señora no ha firmado hasta hoy el decreto que exige el comandante de las fuerzas armadas para actuar contra las protestas. El miércoles se daba a conocer que las fuerzas políticas, incluyendo el mayoritario MAS de Evo Morales habían acordado aprobar en el Senado y Cámara de Diputados una ley fijando las elecciones cuando más hasta el 18 de octubre, como fecha única y definitiva, con participación de veedores de la ONU, la Unión Europea, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones nacionales. Si esto se aprobara faltaría saber la opinión de la COB y de las fuerzas que están en los bloqueos, con los que habría que negociar esta salida, pues hasta el momento muchos siguen pidiendo la renuncia de Áñez. Aislada y deslegitimada, la señora no controla la situación. El problema para Washington y la derecha boliviana es que, según las encuestas, Luis Arce, candidato del MAS, ganaría las elecciones en primera vuelta, a menos que lo invaliden para competir. Se abre un compás de espera donde no está excluida la posibilidad de un autogolpe golpe cívico-militar, como ha denunciado Evo Morales.
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