Oaxaca, Oax., Los diputados locales aprobaron, como de urgente y obvia resolución, un exhorto a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue por crímenes de lesa humanidad, entre ellos tortura y desaparición forzada, cometidos en 2006 y 2007, a los gobiernos estatal del priísta Ulises Ruiz Ortiz y los federales de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.
El pronunciamiento, avalado por 28 de 42 votos posibles, se dio luego de que un juez federal libró órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios de la ex Procuraduría General del Estado, entre ellos quien era procurador en 2007, Evencio Nicolás M. R., por su posible participación en desapariciones forzadas.
Fue la bancada de Morena la que presentó la propuesta para que la FGR indague los crímenes cometidos por el Estado mexicano durante el movimiento político-social de 2006 y 2007, en el que participaron el magisterio oaxaqueño y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y el Estado garantice que no se repetirán.
La exposición de motivos fue presentada por la diputada Arcelia López Hernández, quien señaló que en el sexenio del priísta Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) se cometieron crímenes que han sido expuestos por la Comisión de la Verdad creada en el sexenio anterior y que encabezó el sacerdote Alejandro Solalinde.
Entre estos delitos, mencionó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, cometidos por las policías estatal y ministerial, así como por agentes federales.
La legisladora refirió que los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz también violaron derechos humanos a la presunción de inocencia, al debido proceso, a las garantías judiciales y a la justicia; “así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
López Hernández leyó los nombres de nueve personas asesinadas durante el conflicto. Estos homicidios, dijo, fueron calificados por la Comisión de la Verdad como ejecuciones extrajudiciales.
La bancada de Morena se integra por 26 legisladores, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Horacio Sosa Villavicencio, quien junto con su hermano Flavio fue detenido en la Ciudad de México a finales de 2006 por formar parte de la dirigencia colectiva de la APPO . Horacio quedó en libertad en agosto de 2007 y Flavio en abril de 2008.
