La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Isabela Rosales Herrera, denunciará a los diputados que tienen a familiares directos contratados en la nómina del órgano legislativo.
En la sesión de la Comisión Permanente de ayer, el diputado de Morena Efraín Morales presentó un punto de acuerdo para solicitar un informe sobre la situación de los trabajadores de honorarios y técnicos operativos, a quienes les redujeron el pago de sus vales de despensa por el recorte de 400 millones de pesos.
La propuesta fue rechazada por el voto en contra de la mayoría de Morena.
“No estoy a favor de que compañeros legisladores tengan a su familia directa aquí en el Congreso trabajando, estoy a favor del empleo y no quiero que compañeros pierdan su empleo, pero estamos quitando el derecho de empleo, contratando a nuestra familia directa, a alguien que lo necesita”, sostuvo Rosales, quien no mencionó nombres.
A propuesta del diputado Jorge Gaviño, del PRD, quien dijo que en lugar de acusar se debe denunciar, la presidenta convocará a la mesa directiva para señalar quiénes son los congresistas que contrataron familiares.
Procedimientos suspendidos
En tanto, la Contraloría Interna del Congreso determinó mantener la suspensión de procedimientos de responsabilidad administrativa, así como la substanciación de investigaciones en curso, auditorías e intervenciones de control interno hasta el 30 de septiembre.
El organismo, donde está como encargado de despacho Jorge Real Sánchez –vinculado al grupo político del ex asambleísta y actual diputado federal del PAN Jorge Romero Herrera–, tiene entre sus pendientes la investigación que desde noviembre del año pasado le ordenó el pleno del Legislativo sobre presuntas irregularidades en una licitación de la Oficialía Mayor para la compra de calzado y trajes para el personal de base.
Mediante una circular, Real Sánchez informó que la suspensión incluye también la recepción de las declaraciones de modificación patrimonial, de intereses y fiscal de legisladores y funcionarios, para que sean presentadas del primero al 30 de octubre, aunque advierte que el plazo estará sujeto a lo que determinen las autoridades sanitarias.
