El Senado se prepara para aprobar con rapidez la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual modifica el marco normativo sobre el espectro radioeléctrico y los recursos satelitales, y restablece la prohibición de transmitir propaganda extranjera en los medios electrónicos.

En la sesión de ayer se dio entrada a la iniciativa de la mandataria y esta mañana se discutirá en comisiones esa ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, con la intención de aprobarla y que se vote el lunes en el pleno.

La ley crea la Agencia de Transformación Digital, que tendrá el carácter de secretaría de Estado y asumirá todas las funciones, atribuciones recursos y procedimientos en curso del desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones.

En ese nuevo marco jurídico se restablece la prohibición a los medios de comunicación de transmitir propaganda extranjera, que fue eliminada de la legislación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En el artículo 210 de la nueva norma se señala: Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural.

Igual veto es para las plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional y los programadores y operadores de señales.

Los concesionarios que incumplan la norma serán multados con entre 2 y hasta 5 por ciento de sus ingresos por la Secretaría de Gobernación. No se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país, destaca.

La iniciativa enviada por la Presidenta consta de más de 300 cuartillas, y en la exposición de motivos se deja claro que la gestión del espectro radioeléctrico, como bien de dominio de la nación, se ha convertido en prioridad de la agenda pública, que se administrará bajo criterios de interés de la nación.

Se establece una regulación jurídica con concesiones únicas para uso comercial, público, privado y social, hasta por 30 años, que pueden otorgarse de manera directa o por subasta, a fin de que más agentes económicos ingresen al mercado.

Paralelamente, la Agencia de Transformación Digital debe asignar concesiones al Ejecutivo federal, a fin de que pueda proveer servicios públicos de radiodifusión y dar cobertura universal para acabar con la brecha digital.

Incluso, al Ejecutivo federal se le podrán asignar concesiones comerciales de manera directa para llevar a cabo servicio de Internet de banda ancha a las regiones recónditas de la nación y las zonas vulnerables, donde carecen de esa tecnología.

El acceso a Internet de banda ancha y a las tecnologías de información y comunicación no debe ser un privilegio, sino un derecho fundamental para todos. Ninguna persona debe quedar en desventaja en la era digital por falta de acceso a estos servicios esenciales, subraya la presidenta Sheinbaum.

En el caso de los concesionarios, se contempla un nuevo esquema de sanciones económicas, que van de 0.01 a 0.75 por ciento de los ingresos de los sujetos regulados, incluso en casos de cláusulas abiertas o tipos administrativos no especificados.

Asimismo, se incluyen causales para la revocación de permisos, como el incumplimiento del Plan de Remplazo de Recursos Orbitales.

En el artículo 18 transitorio de esta nueva legislación se establece que las licencias y autorizaciones vigentes se respetarán, pero se contempla la transición de títulos habilitantes anteriores a 2014 al nuevo régimen legal. Se prevé usar la requisa en vías de comunicación también para casos de seguridad nacional.

Con el tiempo encima, hoy las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y de Estudios Legislativos, que presiden morenistas, deberán presentar el dictamen –que seguro elaboraron anoche– para su discusión y aprobación.