El estado de Chiapas enfrenta múltiples violencias, entre ellas el desplazamiento forzado interno, que se ha convertido en una de las más graves violaciones a los derechos humanos, pues 15 mil 780 personas han tenido que huir de sus hogares entre enero del 2023 y junio del 2024, lamentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Al presentar el informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, detalló que las víctimas de este fenómeno son originarias de los municipios de Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Oxchuc, Las Margaritas, Huixtán, Chenalhó, Ocosingo, La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Bella Vista y Tila.

Sólo en las regiones Frontera y Sierra del estado han sido desplazadas 8 mil 190 personas por la delincuencia organizada, recalcó.

Destacó también que entre 2019 y 2023 la desaparición forzada aumentó 358 por ciento, situación que no es nueva, pues se ha visto en otras regiones del país, y ahora en la entidad sureña, principalmente en las regiones Sierra y Frontera.

Un aspecto que resalta la grave situación que se vive en Chiapas es que la edad más frecuente de desaparición es de 15 años, y son las mujeres y adolescentes las principales víctimas.

La delincuencia organizada, grupos paramilitares, la disputa del territorio, los proyectos de desarrollo, como la minería, desastres ambientales y la violencia ocasionada por grupos armados han sido algunas de las principales causas de estos fenómenos, que se han agudizado.

En el documento, presentado ayer en la Ciudad de México con motivo del 36 aniversario de su fundación, la directora del Frayba, Dora Roblero, demandó frenar la violencia y que se atienda a las personas desplazadas para que regresen a sus casas en condiciones dignas.

Denunció que las personas que se vieron obligadas a salir de sus hogares para regresar a sus comunidades tienen que pagar una multa de 100 mil pesos; es lo que están cobrando los ejidatarios.