Lejos de significar una reducción de los costos de las tareas penitenciarias, las medidas alternativas al encarcelamiento –como las sanciones comunitarias– aumentan los gastos en este ámbito, debido a la burocracia necesaria para supervisar e implementar dichas iniciativas de manera correcta, advirtió una investigación del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ifigenia Martínez, de la Cámara de Diputados.

Según éste, las penas alternativas sirven de complemento de la privación de la libertad, pero no como un sustituto de la misma.

De acuerdo con este documento, estudios de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) indican que la población carcelaria ha seguido aumentando a nivel mundial a pesar de la existencia de sanciones alternativas, como las multas de reparación del daño, arresto domiciliario o de fin de semana, petición de disculpas a la víctima o hacer trabajos de utilidad pública.

Según dicho organismo, estas medidas han demostrado en los países donde se han puesto en marcha que las penas de privación de la libertad pueden ser complementadas por dichos recursos, pero no sustituidas por éstos.

El uso de medidas alternativas, lejos de constituir una reducción al erario en materia penitenciaria, al reducir la población en privación de libertad, incrementa los costos asociados a la burocracia encargada de supervisar e implementar medidas de vigilancia de la población que delinque, puntualizó el estudio.

Sin los recursos suficientes, la sociedad puede sufrir altos índices de fracaso, mayor victimización y costos que los que genera el uso de la privación de la libertad en cárceles convencionales, enfatizó el organismo de Naciones Unidas.

Por otra parte, el estudio del centro legislativo destacó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, se aprobaron mil 290 millones de pesos para construir infraestructura de seguridad, pero hasta el momento se desconoce qué proyectos de inversión se llevarán a cabo.