Tras la primera ronda de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (SG) y colectivos de buscadores de personas desaparecidas, en las próximas reuniones las autoridades deberán dar respuestas a las peticiones planteadas, y no tomar en cuenta sus opiniones para las reformas legislativas que se discutirán en esta materia, sería una burla para estas agrupaciones, advirtió Jaqueline Palmeros, fundadora de Una Luz en el Camino.

Destacó que la mayoría de las propuestas que hicieron la semana pasada no son nuevas, y en lo general representan el sentir de todos los colectivos, que están conectados y conocen lo que se ha expuesto, por lo que son temas que se han discutido por años.

Además, al recordar que también exigieron la renuncia de las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez, así como de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, afirmó que mantenerlas en sus cargos obstaculizará las acciones en esta materia y ocasionará molestia entre las buscadoras. Ellas tienen que renunciar, sí o sí, enfatizó.

Palmeros, madre de Monserrat, desaparecida en 2020 y localizada sin vida en noviembre pasado, indicó en entrevista que una de las propuestas que pusieron sobre la mesa, y que no están incluidas en las iniciativas de ley presentadas recientemente sobre desaparecidos, es la creación de un protocolo de rastreo diferenciado, para establecer acciones enfocadas específicamente a menores de edad, jóvenes, mujeres, integrantes de la comunidad LGBT+ o adultos mayores.

Una persona que sufre esquizofrenia o alguien con alguna discapacidad que sale de su casa no están desaparecidos, sino extraviados, y se debe aplicar un protocolo inmediato con la policía u hospitales, pero un chico o una chica de 17 años que salió de una fiesta corre otro tipo de peligros, y el riesgo de ser llevado contra su voluntad es más alto. En el caso de la comunidad LGBT+ se presentan muchos crímenes de odio, y eso hace que nos orillen a tener que buscarlos de una manera distinta.

Explicó que actualmente hay esquemas diferenciados, como la alerta Amber y el protocolo Alba, y aunque se emiten, no hacen las búsquedas.

Otro tema que ya está en la legislación actual es el acceso de las personas buscadoras a las carpetas de investigación de los casos de sus familiares, pero en la práctica nos ponen trabas. Por ello, planteó que se debe reforzar la ley para garantizar que puedan contar con las herramientas necesarias para los rastreos.