Washington y Nueva York., El gobierno de Donald Trump anunció una nueva serie de medidas para limitar la libertad de expresión en las universidades. Ha buscado clausurar o poner bajo su control centros de estudios académicos que no están alineados, está expulsando a estudiantes extranjeros con base en sus creencias, continúa persiguiendo a ex funcionarios disidentes de su gobierno y abogados que han participado en investigaciones y casos contra el mandatario y sus aliados, y ahora hay indicios de que algunos ciudadanos estadunidenses que reingresan a su país están siendo interrogados con alegatos de supuestas leyes antiterroristas.

Camionetas sin identificación. Listas secretas. Denuncias públicas. Nuestro Estado policiaco ha llegado, escribió M. Gessen en un artículo en The New York Times. Aquellos de nosotros que hemos vivido en países aterrorizados por fuerzas policiacas secretas no podemos librarnos de sentir una familiaridad espantosa.

Han revocado visas a 600 estudiantes extranjeros

Estas medidas represivas se perciben en varios frentes. El gobierno federal ya ha revocado las visas de unos 600 estudiantes universitarios extranjeros, según un conteo del sitio de noticias Inside Higher Education. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reconocido que esa dependencia ha anulado las visas de estos alumnos, a los que calificó de lunáticos por supuestamente haber estado involucrados en actividades que criticaron de alguna manera al gobierno estadunidense. De hecho, la justificación oficial es que su presencia podría dañar los intereses de política exterior del país.

El gobierno reconoció esta semana que el más famoso de estos jóvenes, Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, fue arrestado y se busca su deportación exclusivamente por sus creencias y opiniones, y no por alguna violación a la ley. En un documento presentado ante un tribunal federal que, por ahora, ha impedido su expulsión, Rubio argumentó que, según la ley estadunidense, él puede revocar la visa de Khalil –residente casado con una ciudadana estadunidense– con base en sus creencias en el pasado, actuales o esperadas. Según la agencia Ap, la cual obtuvo el documento oficial, Rubio reconoce que aunque las actividades de Khalil eran legales, desean expulsarlo del país por su participación en protestas contra el apoyo estadunidense a la guerra de Israel en Gaza.

Cada semana hay nuevos reportes de agentes federales que llegan sin aviso, a veces enmascarados y sin identificación, a las residencias de estudiantes que no sabían que sus visas habían sido revocadas.

Asfixia financiera y censura académica

El ataque contra instituciones académicas incluye además la anulación de financiamiento federal. El gobierno de Trump anunció ayer que suspendería la entrega de mil millones en fondos federales a la Universidad Cornell y 780 millones a la Universidad Northwestern mientras investigan si no hicieron lo suficiente para frenar protestas estudiantiles contra la complicidad estadunidense en la guerra de Israel en Gaza y por apoyar la causa palestina. Esto es la continuación de acciones y amenazas parecidas contra varias universidades, incluidas Harvard, Brown y Yale. Hace varias semanas, el gobierno logró obligar a Columbia a poner bajo supervisión del gobierno su departamento de estudios sobre Medio Oriente, y forzó a Harvard a que despidiera a académicos expertos en Medio Oriente que critican la política estadunidense.

Purga de ex colaboradores

Esta semana el presidente firmó órdenes ejecutivas para instruir al Departamento de Justicia iniciar investigaciones sobre varios ex aliados de Trump, ahora críticos de esta administración, continuando con su política de represalias contra ex funcionarios de su primer gobierno, entre ellos el zar encargado de la respuesta ante la pandemia de covid-19, su ex secretario de Defensa, el ex jefe del Estado Mayor y otros altos militares, a los cuales no sólo les anuló sus credenciales para acceder a información oficial confidencial, sino que también les retiró sus equipos de seguridad personal. También ha destituido a fiscales federales, agentes de la FBI y otros que participaron en investigaciones a Trump en varios casos legales que enfrentó, entre ellos el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021.

Diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en una amplia gama de asuntos, desde ambientales hasta emergencias de vivienda, expresaron su preocupación no sólo porque podrían perder fondos federales que financian parte de su trabajo, sino porque serán investigados si el gobierno de Trump los califica de adversarios o críticos. Por lo menos tres agrupaciones ambientales no partidistas son investigadas por la FBI por acusaciones de supuestos fraudes al gobierno, reportó The Guardian.

Aun no están arrestando a gente que trabaja en organizaciones sin fines de lucro, pero todos están preocupados porque eso es algo que podría empezar a suceder, comentó de manera anónima un empleado en una ONG de inmigración al rotativo. Esto es lo que hacen los autoritarios: persiguen a la sociedad civil, resumió el profesor Steven Levitsky, de Harvard.

Trump también ha ampliado su ataque contra algunos de los principales bufetes de abogados del país que en el pasado trabajaron o tenían clientes que eran adversarios del presidente, impulsando medidas para obstaculizar sus negocios.

Trump intenta desarmar la capacidad de abogados de impugnar sus acciones, y en particular desarmar a los grandes bufetes que tienen, en algunos casos, miles de abogados, recursos increíbles y que frecuentemente los emplean para oponerse a acciones ilegales del gobierno, explicó el abogado David Cole en entrevista con Democracy Now.

Estos intentos de intimidar a abogados ahora incluye cateos y breves detenciones de quienes representan a opositores de la política estadunidense. Este mes, cuando el abogado Amir Makled, de Michigan, regresó a este país al fin de unas vacaciones con su familia, fue detenido por agentes de Aduanas y entregado a un equipo táctico de respuesta al terrorismo. Dos hombres sin uniforme que rehusaron identificarse lo detuvieron por casi dos horas, intentaron examinar su teléfono y amenazaron con arrestarlo, todo sin informar las razones por las cuales lo estaban reteniendo, reportó Detroit Free Press. Makled especuló que fue detenido porque entre sus clientes hay un estudiante que participó en protestas contra la guerra de Israel en Gaza. Finalmente fue liberado y él acusó que todo esto fue para intentar silenciarlo, No funcionará; haré lo opuesto, comentó al rotativo.

Sin duda, para inmigrantes con documentos en regla, incluidos estudiantes, pero también académicos, científicos, funcionarios y más ciudadanos, la intimidación está teniendo efecto. La Jornada ha platicado con varios ciudadanos estadunidenses que ahora tienen que preguntarse cómo prepararse para salir de viaje, no por las autoridades de otros países, sino al regresar con las suyas, y hasta qué hacer si aparecen las autoridades policiacas en sus oficinas y hogares.