En México no hay crisis de desapariciones de personas y está descontextualizada la postura del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en la que se asegura que dicho delito es una práctica generalizada o sistemática en el país, afirmó ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al anunciar la apertura de su nueva oficina regional en Jalisco para atender denuncias como el caso del Rancho Izaguirre.

La institución también criticó que en torno a la problemática de desapariciones en México la presencia de misiones extranjeras o de medidas impuestas o recomendadas desde el exterior, han probado su poca eficacia y en ocasiones, incluso, la complicación de lo que se pretende remediar; sostuvo que lo más importante es la acción y respuesta integral del Estado mexicano, y a eso abonará la CNDH.

Posicionamiento descontextualizado

Rechazamos que se viva una crisis de desapariciones en México y más aún que éstas sean consecuencia de una política de Estado. Creemos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país, y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México, señaló en un comunicado.

La nueva oficina de la CNDH en Jalisco entrará en operaciones el próximo 15 de abril y estará ubicada en Guadalajara, pero a partir de hoy operará una Volanta Móvil habilitada y lista para atender las peticiones ciudadanas en esa ciudad.

Esta acción es una muestra más de la capacidad del Estado mexicano para prevenir y atender las problemáticas relacionadas con violaciones a derechos humanos, agregó.

Justificó que la apertura de una oficina en Guadalajara no es una decisión reaccionaria, sino parte de una visión soberana de la protección y defensa de los derechos humanos enfocada a la prevención, y responde a la realidad que se vive en la región, ya que Jalisco es la quinta entidad con mayor número de solicitudes de atención por presunta violación a los derechos humanos, pues de finales de 2019 a la fecha se han acumulado alrededor de 3 mil expedientes de investigación de la entidad.

También hemos recibido peticiones en ese sentido por parte de víctimas y colectivos de víctimas, no únicamente por los hechos ocurridos recientemente en el rancho Izaguirre, sino precisamente para establecer una acción coordinada con los colectivos de personas buscadoras y con las autoridades federales y locales para hacer un frente común contra la violencia derivada de la operación de grupos de delincuencia organizada, que nos permita aportar al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la región, apuntó.

El rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, se investiga como un presunto centro de entrenamiento y exterminio de personas utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación, luego de que el pasado mes colectivos de madres buscadores encontraron en el lugar fragmentos óseos, documentos y objetos personales, como decenas de zapatos, ropa y maletas.