En el proceso de conocer el paradero de su ser amado, las personas buscadoras dejan todo de lado: familia, trabajo, salud, seguridad personal. A veces también la cordura. O la vida.

Nos dicen que estamos locas. A mí me lo han gritado en la calle. ¡Loca! Y sí, tenemos algo de eso. Pero es que la gente no entiende lo que es este tormento, cuenta María Salvadora Coronado, quien busca a su esposo, Mauricio Aguilar Leoux, desde el 27 de mayo de 2011, desaparecido en Córdoba, Veracruz. Casi 14 años y ni rastro.

Sin esa dosis de insensatez, ¿a quién se le ocurriría seguir en la lucha por encontrar a las víctimas de desaparición forzada, cuando abundan los testimonios de las amenazas, las extorsiones y los atentados en contra de los buscadores?

Le ocurrió a la jalisciense Teresa González Murillo, quien días después de una amenaza explícita fue baleada en su casa por individuos armados que intentaron secuestrarla. Murió el 2 de abril. Buscaba a su hermano Guillermo, líder de comerciantes de Guadalajara, desaparecido el 5 de febrero de 2017. Fundadora de un grupo, Luz de Esperanza, trabajó junto con otras mujeres de Guerreros Buscadores de Jalisco en el descubrimiento de las acciones de exterminio ocurridas en el rancho Izaguirre.

Y le sucedió a otra buscadora, Sofía Raygoza, asesinada en Zacatecas el 10 de febrero. Había buscado a su hija Frida Sofía, desaparecida en febrero de 2023 y localizada con vida meses después. Nunca dejó de acompañar a los grupos de familias víctimas de la desaparición forzada.

O al veracruzano Magdaleno Pérez Santos (que buscaba a su hija Paloma Pérez, desaparecida desde el 2 de noviembre de 2019). Fue detenido por la policía de Papantla y golpeado brutalmente el 10 de marzo. Al día siguiente murió a consecuencia de la paliza. Formaba parte de la organización Familias en Búsqueda de Personas Desaparecidas María Herrera.

O a otro padre, Héctor Aparicio, en busca de su hijo José Alfredo, de 25 años de edad, cuyo rastro se perdió el 5 de febrero de 2017 en Tihuatlán, Veracruz. Ahora él también forma parte de la lista de los desaparecidos.

Cuatro buscadores en lo que va de 2025

Entre 2021 y 2024, al menos nueve personas que rastreaban el paradero de sus familiares fueron asesinadas (Guerrero, Baja California, Guanajuato, Sinaloa, Morelos, Puebla, Sonora). Una más está desaparecida en Guanajuato, entidad con mayor número de desapariciones forzosas. Se trata de Lorenza Cano. Buscaba a su hermano en Salamanca. En enero de 2024 un comando armado entró a su casa, asesinó a su hijo y a su esposo y se la llevó.

Somos representantes de la última letra

Sin pretenderlo ni tener conciencia de ello, muchas familias se han arriesgado al punto de ponerse en la mira del crimen organizado. Como sucedió con el matrimonio Robledo Fernández.

Guadalupe Fernández, madre de José Antonio, un joven ingeniero que trabajaba en Monclova, Coahuila, desaparecido el 25 de enero de 2009, cuenta cómo ella y su esposo escaparon por un pelito de ser ultimados por elementos de Los Zetas, que en esa época campeaban en el estado.

En la saga que vivieron los señores Robledo tratando de descubrir qué había pasado con su hijo en Coahuila, todos estaban coludidos: gobernador, procuradurías federal, estatal y municipal, policías, militares y, de manera relevante, la propia empresa ICA-Fluor, implicada directamente en la desaparición mediante su jefe de seguridad Joaquín Benito del Ángel Martínez, el chofer Julio César García y un ejecutivo, Carlos N. Seis años después saldría a la luz el móvil del crimen.

“Desde que llegamos a Monclova sentimos algo raro en el comportamiento de los responsables de la empresa. El jefe directo de Toño, Raúl Medina Peralta, nos dijo que por indicación del jurídico de ICA el corporativo ‘se deslindaba’ de lo que hubiera podido ocurrir, porque ‘el ingeniero Robledo se lo buscó’. Nos presentó al jefe de seguridad de ICA, Joaquín Benito. Y nos despidió con un frío: ustedes háganse cargo.”

Seis años después supieron que este Joaquín Benito era un cuadro medio de Los Zetas, contratado por ICA. La principal línea de investigación que se confirmó es que en la empresa se lavaba dinero del cártel. José Antonio, que supervisaba los planes para Altos Hornos, los había descubierto.

“Empezamos a recorrer hospitales, Cruz Roja y policías, funerarias. Conseguimos una cita en Saltillo con el subprocurador estatal. Levantamos la denuncia. Hasta ese momento pensamos que lo íbamos a encontrar pronto y que regresaríamos a México con él.

Volvimos a Monclova a levantar una denuncia en la subdelegación de la Procuraduría General de la República, pero estaban de puente y nos atendieron hasta el 3 de febrero. Una agente del Ministerio Público muy malencarada se quería ir a comer antes. Nos dieron copia de un acta circunstanciada llena de errores y sin numerar. Nos negaron la copia.

Un día después Joaquín Benito, el jefe de seguridad de las oficinas de ICA, les anuncia que dos personas querían hablar con ellos. Casi a la medianoche se presentan en el hotel donde se hospedaban. Por pura intuición el esposo había pedido un cambio de habitación.

A través de los ventanales del hotel el matrimonio Robledo vio llegar una Suburban negra que se detuvo sin apagar luces y motor. Benito, un hombre de más de 100 kilos, todo agitado, les dijo: los señores les piden que salgan. El esposo responde que no van a salir, los esperarían en el vestíbulo. Finalmente se acercan dos jóvenes: somos representantes de la última letra, se presentaron muy formales.

Los meros malos

“Ya sabían todo. Cuándo y dónde habíamos presentado la denuncia, qué se decía en el expediente. Nos advirtieron que no denunciáramos porque ellos controlaban todo.

Se retiraron, se subieron a la Suburban pero no se movieron ni apagaron el motor. A oscuras recogimos nuestras cosas, nos escabullimos por la puerta del estacionamiento, salimos en el carrito que rentamos con las luces apagadas, fuimos a la terminal de autobuses y lo dejamos estacionado con las llaves adentro (para luego llamar a la rentadora y decirles dónde estaba). Llegamos a las 5 de la madrugada a Saltillo y a las 9 de la mañana estábamos contándole todo al procurador Jesús Torres Charles. No nos dejó levantar una ampliación de nuestra declaración y encima nos dijo que nosotros estábamos poniendo en peligro la vida de nuestro hijo.

En 2011, Joaquín Benito fue detenido. Era parte de una célula de nivel medio de Los Zetas y era el encargado de recoger el derecho de piso de ICA. Siempre supo dónde se llevaron a mi hijo.

En 2015 Guadalupe vio en la televisión que habían detenido al asesor financiero de Los Zetas, capturado junto con los hermanos Óscar Omar y Miguel Ángel Treviño, Z 40 y Z 42 (recién extraditados a Estados Unidos junto con 27 narcotraficantes de alto perfil). Era Carlos Arturo Jiménez Encinas, El Plátano o El Güero. Lo reconocí de inmediato: era uno de los nos fueron a amenazar en 2009 al hotel en Monclova, tal vez matarnos.

Tenía talleres automotrices en Monclova. Un testigo ubicó el cuerpo de Toño Robledo en uno de sus talleres, aunque la familia nunca ha conseguido que se les informe de su paradero. Y era quien le entregaba dinero al procurador Jesús Torres Charles para que protegiera al cártel. Éste, a pesar de ser señalado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), sigue impune.

Los Robledo habían estado tratando con los meros malos.

Durante años Joaquín Benito entró y salió de la cárcel, siempre liberado por jueces corruptos. Los Robledo impugnaban cuando obtenía algún amparo. Finalmente murió de cáncer en un hospital del IMSS. ICA nunca dejó de pagarle un salario y su seguro.

Aunque los padres del ingeniero José Antonio han logrado sentencias contra el chofer de ICA, un manejador de trabajadoras sexuales y una de ellas, Rubí, que administraba las casas de seguridad donde llevaban a los desaparecidos, nunca han sabido a ciencia cierta dónde quedaron los restos de su querido hijo.