Madrid. Más de 100 mil personas se manifestaron en las calles de 40 ciudades de España para exigir que los dirigentes políticos atiendan uno de los principales problemas de la sociedad en la actualidad: el acceso a vivienda digna, ya sea en venta o en alquiler, que afecta sobre todo a los más jóvenes, quienes suelen tener salarios limitados.

Entre las protestas más multitudinarias destacaron las de Madrid, Barcelona, San Sebastián y Málaga, en las que demandaron en una serie de reivindicaciones conjuntas, la rebaja generalizada de 50 por ciento en alquileres y que se exija por ley los contratos indefinidos, para no tener que renovarlo cada cinco o siete años, como ocurre ahora.

En Madrid, donde las asociaciones que convocaron a las protestas contabilizaron más de 100 mil asistentes, pese a que las autoridades calcularon 15 mil personas, los manifestantes recorrieron el centro de la ciudad hasta confluir en la Plaza de España.

Muchos portaron pancartas contra los fondos buitre y arremetieron contra las políticas públicas de vivienda, sobre todo del gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, donde gobierna la derechista Isabel Díaz Ayuso.

Las peticiones generales que se acordaron con el resto de las 39 ciudades incluían reivindicaciones y críticas contra todas las administraciones públicas, desde el Ejecutivo central del socialista Pedro Sánchez, que lleva siete años en el poder y lejos de resolver este problema ha permitido que se agudice, hasta el resto de gobiernos autonómicos y municipales por su responsabilidad en la proliferación de las viviendas de renta turística o alquiler de temporada.

Todas las protestas se realizaron bajo el mismo lema: Acabemos con el negocio de la vivienda, que además fueron respaldadas por numerosas organizaciones políticas, sindicales y civiles, entre ellas los partidos de izquierda, como Sumar y Podemos, y los sindicatos mayoritarios, como Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT).

En el manifiesto explicaron que los precios desorbitados de los alquileres son la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una casa-habitación digna. El enriquecimiento de una pequeña minoría rentista a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social y han consolidado el consenso de que el rubro inmobiliario debe dejar de ser un negocio para ser un derecho.

La protesta estuvo coordinada por Sindicatos de Inquilinos, que ya tienen respaldo social en ciudades como Madrid, Barcelona, Vigo, Asturias, Cádiz, Málaga, Zaragoza, Ibiza, San Sebastián y Bilbao, que además coincide con las localidades con mayores problemas de vivienda.

También hubo movilizaciones masivas en ciudades como Albacete, Castellón, Alicante, Menorca, Valencia, Segovia, Palma de Mallorca, Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y A Coruña, entre otros.

Desde Madrid, la vocera del Sindicato de Inquilinos, Valeria Racu, aseguró: hoy empieza un mundo mejor, una sociedad mejor sin rentismo, sin este sistema parasitario que devora nuestros salarios, nuestra vida y nuestro futuro; lo tenemos muy claro, el miedo está cambiando de bando y no vamos a parar hasta acabar con el negocio de la vivienda.

Mientras, la ministra de Vivienda del gobierno central, la socialista Isabel Rodríguez, aseguró que las soluciones estructurales requieren tiempo y que comparte algunos reclamos de los manifestantes, como el de los pisos turísticos ilegales que gentrifican los barrios.

España es el país de la Unión Europea (UE) con una de las tasas más baja de vivienda social, 2.5 por ciento, mientras Austria es la que tiene el índice más alto, casi 70 por ciento en las principales ciudades y cerca de 30 por ciento del total de la vivienda del país.