La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) se puso ayer a disposición para recibir denuncias que se pudieran generar en todo el país durante las campañas para la elección del primero de junio y advirtió que los candidatos, funcionarios públicos y los ciudadanos que violen las leyes comiciales enfrentarán multas e incluso prisión.

A las personas servidoras públicas que se les sorprenda haciendo proselitismo en horario laboral, amenacen a su personal para que participen en actos de campaña o les soliciten dinero con fines electorales, podrán ser sancionados con destitución e inhabilitación del cargo de dos a seis años, multa de 200 a 400 días y prisión de dos a nueve años, señaló la dependencia en un comunicado.

La Fisel está facultada para investigar y perseguir delitos como la compra o coacción del voto, el uso indebido de recursos públicos federales, condicionar la prestación de servicios o programas gubernamentales y la retención indebida de la credencial de elector.

También persigue conductas de candidatos que utilicen dinero de procedencia ilícita o rebasen los montos aprobados por la ley para su campaña, por lo que se les impondrá de mil a 5 mil días de multa y de cinco a 15 años de prisión según la gravedad del asunto.

Los delitos electorales que pudieran presentarse antes, durante y después de los comicios del primero de junio están previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales; es decir, son similares a los que se han reportado en anteriores procesos electorales federales, indicó.

En la futura elección se renovarán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF). Ante ello, la Fiscalía Electoral inició la difusión de mensajes en los tiempos oficiales de radio y televisión, así como en redes sociales, exhortando a la ciudadanía a denunciar los hechos ilícitos en materia electoral.