La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) conoció de nueva cuenta sobre la violencia que sufren las mujeres en México y los obstáculos e impactos que padecen junto con sus familias en su camino por obtener justicia. Ahora fue en voz de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra, asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En una audiencia para solicitar a la Corte que declare la responsabilidad del Estado mexicano por las omisiones y negligencias del caso, Norma denunció que a 24 años de la desaparición y posterior feminicidio de su hija sólo hay un detenido, de quien la familia y sus abogados no tienen certeza que esté relacionado con los hechos, mientras ella ha sido víctima de dos atentados y sus nietos –hijos de Lilia Alejandra– han padecido las secuelas.

En tanto, la representación del Estado mexicano frente al pleno de la Coridh reconoció su responsabilidad parcial, entre otras, por la falta de prevención de la violencia contra la víctima en el contexto de feminicidios en Ciudad Juárez, las deficiencias en la investigación inicial debido a infraestructuras inadecuadas y falta de especialización de la procuración de justicia con perspectiva de género.

Destacó que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, destacando la defensa de los derechos de las mujeres como prioridad.

La delegación del Estado mexicano, conformada por Víctor Sánchez, embajador de México en Costa Rica –donde la Coridh tiene su sede-; el consultor jurídico de la cancillería, Pablo Arrocha; entre otros, defendió la investigación actual y la detención del presunto responsable.

No obstante, los abogados de Norma, integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, subrayaron que al detenido no se le ha tomado una prueba genética específica por el feminicidio de Lilia Alejandra que confirme su participación y que en 2018 un juez negó una orden de aprehensión al no estar acreditada su probable responsabilidad.

Por su parte, los jueces de la CoIDH hicieron notar que en la investigación tampoco se han tomado en cuenta las denuncias de Norma por los atentados de los que fue víctima, por disparos y apuñalamiento.

La jueza Verónica Gómez dijo al testigo del Estado, Fernando Romero Pérez, agente del Ministerio Público de Ciudad Juárez, quien no logró responder todos los cuestionamientos, que es curioso que en un caso con ocho líneas de investigación y 24 años de indagación todas las personas sobre las cuales se pone foco están muertas o ya están detenidas.

Norma narró que Lilia Alejandra, quien soñaba con ser periodista, desapareció a la edad de 17 años el 14 de febrero de 2001. Tras dilaciones de las autoridades, el 21 de ese mes fue hallado el cuerpo, a 500 metros de donde un día antes una señora denunció a la policía que vio cómo hombres estaban golpeando y torturando a una jovencita.

La necropsia de Lilia Alejandra, expuso Norma, arrojó que murió de asfixia por estrangulamiento y tortura sexual.

En la sesión de más de cinco horas, declaró que gracias al reprocesamiento de las evidencias lograron la identificación de un perfil genético que arrojó una concordancia con un policía asesinado en 2010, y que los agresores estaban involucrados con otros tres casos de niñas.

Señaló que tanto el feminicidio como los atentados han impactado hondamente en su familia: su esposo murió a los dos años de que fue asesinada Lilia Alejandra y su nieta requirió más de 10 internamientos siquiátricos por crisis de ansiedad, miedo e intentos de suicidio.

La activista, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, solicitó a la Coridh que emita una sentencia para que los agresores sean detenidos.