Zacatecas, Zac., Integrantes de la Red Plural de Mujeres y la organización Ciudadanía Participativa de Zacatecas reprobaron los ataques de género, con los que el gobernador David Monreal Ávila y el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, se dirigieron la semana pasada públicamente a la jueza federal Margarita Quiñonez Hernández, porque concedió una suspensión provisional contra el viaducto elevado.

La impartidora de justicia, perteneciente al tercer juzgado de distrito, ordenó frenar la obra hasta el 21 de abril, día en el que se realizará la audiencia incidental contra el proyecto del mandatario morenista, que busca erigir un paso elevado de 3.4 kilómetros de longitud y un costo de 3 mil 652 millones de pesos.

En conferencia, dichas agrupaciones señalaron que Monreal Ávila y Reyes Muguerza difamaron a Quiñones Hernández al llamarla corrupta y amiga personal de Jorge Rada Luévano, abogado que promovió uno de los cuatro amparos contra la obra.

Ayer, en la plazuela de Miguel Auza, mujeres organizadas dieron una declaración respecto de la postura de los gobernantes. Sandra Rodríguez Villegas explicó que durante 14 meses “hemos mantenido una lucha democrática y pacífica, dentro de los cauces legales.

Sin embargo, desde que se anunció la edificación del viaducto a finales de 2023, el proyecto ha sido impulsado a espaldas de la sociedad, no ha sido expuesto a la opinión pública, ni menos analizado, y desconocemos los impactos ambientales y culturales de la obra.

La red de mujeres y ciudadanía participativa consideró que algo muy grave es que, para el costoso financiamiento del proyecto, David Monreal puso en marcha un procedimiento mediante subejercicios a los programas gubernamentales y la creación de un fideicomiso para mantener en la oscuridad el ejercicio de los recursos públicos.

Señalaron que “las autoridades estatales no han cumplido con las leyes de construcción… no han mostrado un solo permiso de la obra, ni el mapa de riesgos, y el gobernador declaró que la obra ‘va porque va’, convirtiendo el proyecto en un capricho personal”.

“Recordemos que este viaducto no es necesario, ni prioritario socialmente, nosotros no representamos intereses ‘aviesos y maliciosos’, como lo declaró el gobernador, y la suspensión la ordenó una juez, con base en las pruebas que se le presentaron, de las múltiples deficiencias”, puntualizaron.