En su última sesión antes de desaparecer, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó ayer que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la responsable de definir el futuro de sus cerca de 750 trabajadores.

La dependencia a cargo de Raquel Buenrostro deberá garantizar los derechos laborales y gestionar las indemnizaciones para aquellos que no sean reubicados en la nueva estructura de transparencia que sustituirá al organismo autónomo a partir de este viernes.

La sesión, que anoche entró en receso y se reanudará hoy, estuvo marcada por protestas de empleados que exigían certeza sobre su situación laboral y garantías de sus derechos. El pleno, integrado por las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara, Julieta del Río Venegas y el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez, centró la discusión en los mecanismos de compensación económica para los trabajadores.

Hace semanas que el pleno explora opciones para indemnizar a su personal, ya que muchos llevan más de una década en la institución. Sin embargo, las diferencias internas dificultaron un acuerdo definitivo.

En este contexto, ayer algunos servidores públicos del INAI hicieron una protesta en el salón de plenos del instituto, antes de que arrancara la última sesión.

Cuando pudo empezar la reunión, el pleno optó por alterar el orden del día con la finalidad de que Alcalá Méndez pudiera presentar una propuesta de compensación voluntaria para empleados que decidieran renunciar a sus cargos antes de la extinción del instituto. Los montos irían de entre 55 mil 198 y 86 mil 372 pesos para los de menor rango, y entre 327 mil 625 y 389 mil 373 para los del más elevado.

La iniciativa provocó un tenso debate. Las comisionadas Del Río Venegas, Román Vergara e Ibarra Cadena señalaron que no les informaron antes sobre los montos propuestos, lo que llevó a un receso para evaluar la situación. Tras casi tres horas, votaron contra la propuesta de Alcalá Méndez.

Las comisionadas argumentaron que las leyes secundarias en materia de transparencia, cuya votación en la Cámara de Diputados se espera para este miércoles, establecen que los derechos laborales se respetarán. Además, advirtieron que aceptar la compensación podría impedir a algunos trabajadores continuar en la Secretaría Anticorrupción, o que incluso podrían verse obligados a devolver los fondos.

La incertidumbre persiste entre los empleados, quienes expresaron su inconformidad y escepticismo sobre la posibilidad de ser reubicados en la nueva institución.

En los próximos días, la Secretaría Anticorrupción deberá definir a cuántos podrá absorber y en qué condiciones. Mientras tanto, cientos de trabajadores enfrentan un panorama incierto, sin respuestas concretas sobre su futuro laboral.