Washington y Nueva York. El presidente Donald Trump escaló en su asalto a los tribunales y la Carta Magna ayer, a tal punto que el jefe conservador de la Suprema Corte se vio obligado a emitir una inusual reprobación del mandatario por sus ataques, mientras expertos judiciales advierten que el régimen está al borde de provocar una crisis constitucional.

La estrategia política de Trump desde que llegó a la Casa Blanca ha sido inundar la zona con incesantes acciones y disputas legales para consolidar cada vez mayor poder en el Ejecutivo y erosionar los poderes Legislativo y Judicial, cerrando agencias federales y despidiendo a empleados federales y realizando deportaciones con base en justificaciones de política exterior o bélicas.

La más reciente crisis entre el Ejecutivo y el Judicial estalló el sábado, cuando un juez federal emitió una orden verbal contra la deportaciones de venezolanos en Texas y, si ya estaban en el aire, ordenó el retorno de esos vuelos a Estados Unidos mientras el tribunal evaluaba las órdenes de deportación.

El gobierno de Trump reconoció ayer que dos aviones que transportaban a inmigrantes venezolanos aún estaban en espacio aéreo estadunidense cuando el juez James Boasberg emitió su orden verbal, pero argumentó que cuando esa orden fue emitida por escrito, una hora después, ambas aeronaves ya estaban en espacio aéreo internacional, y que la orden judicial no es vigente hasta que existe por escrito. Más aún, afirmó que esto no es un asunto de migración, sino de política internacional de Estados Unidos, porque los venezolanos son acusados de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, que ha sido designada por este gobierno organización extranjera terrorista en guerra contra Estados Unidos bajo la dirección, clandestina u de otra manera, del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El juez Boasberg no ha emitido ningún fallo sobre los detalles del caso, pero argumentó que el Ejecutivo debió obedecer su orden de regresar a los venezolanos a Estados Unidos hasta que pueda evaluar los méritos del caso.

La confrontación entre el juez y el Ejecutivo se intensificó ayer, después de que Trump calificó, en un tuit, al juez Boasberg de lunático de izquierda radical, provocador y agitador, y llamó a que sea impeached (removido) de su puesto. Ese ataque directo del mandatario contra el togado provocó que el juez jefe de la Suprema Corte, el conservador John G Roberts Jr, emitiera una no muy común reprensión pública al presidente: “por más de dos siglos se ha establecido que el impeachment no es una respuesta apropiada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, y agregó que estos diferendos deben ser resueltos en un tribunal de apelaciones.

Basta con que el gobierno afirme que son delincuentes

El gobierno de Trump ordenó las deportaciones usando la antigua Ley de Enemigos Extranjeros promulgada en 1798 que, según la Casa Blanca, autoriza las deportaciones sin proceso debido. De hecho, ya para la noche del lunes, el gobierno estaba reconociendo que no cuenta con pruebas de que muchos de los venezolanos hayan cometido delitos en Estados Unidos, pero que el simple hecho de que el gobierno afirme que son integrantes del Tren de Aragua es suficiente para deportarlos.

No me importa lo que piensan los jueces, declaró el zar fronterizo Tom Homan a Fox News el lunes.Noah Feldman, profesor de leyes en la Universidad Harvard, escribió en una columna de Bloomberg que es una sensación completamente natural, viviendo en una democracia libre, que no puede ocurrir aquí. No hay un peligro genuino contra mí o cualquiera que yo conozca. La clave es recordar qué acaba de ocurrir aquí. El gobierno realmente está agarrando gente y enviándola fuera del país sobre una autoridad legal escueta, y tal vez ninguna, y aun cuando un juez federal dice que no procedan.

Lee Gelernt, de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, agrega que estamos sobre terreno muy peligroso. Entrevistado en el programa Democracy Now, agregó que los tribunales federales tienen el derecho y el deber de hacer que la rama ejecutiva cumpla la ley. Señaló que esa vieja ley empleada para deportar a los venezolanos fue escrita por el Congreso hace unos 200 años, en la cual estipulan que sólo es aplicable si está detrás un gobierno extranjero. “Eso no es lo que está ocurriendo aquí. Por lo tanto, el presidente abusó de la autoridad que le otorga el Congreso… Los tribunales federales pueden evaluar si la Ley de Enemigos Extranjeros se está usando de manera ilegal, lo tienen que hacer”.

El gobierno de Trump insiste en que las leyes antiterroristas y algunas otras sobre migración son las que le dan autoridad para deportar sin proceso judicial a quien quiera, sin importar si los acusados cometieron o no delitos en Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, argumenta que su gobierno tiene el derecho de revocar la visa de cualquier persona en Estados Unidos si considera que está trabajando contra los intereses y la seguridad nacional de este país. Esa es la justificación al arresto y el intento de deportación –por ahora frenada por un juez– del recién graduado estudiante palestino de la Universidad de Columbia Mah-moud Khalil, quien tiene visa de residente permanente y está casado con una ciudadana estadunidense.

Otro caso parecido ocurrió este fin de semana, cuando el gobierno de Trump deportó a una ciudadana libanesa que trabajaba en un hospital de la Universidad Brown, en Rhode Island, a pesar de la orden de un juez de que ella ameritaba una audiencia ante un tribunal en Estados Unidos.

Acumular más poder

Las disputas ante tribunales provocadas por una serie de órdenes ejecutivas del gobierno de Trump han marcado la etapa inicial de su presidencia, en la cual no sólo se disputan normas y procedimientos, sino que son parte de una decisión de convertir esas disputas en un intento de acumular cada vez mayor poder en el Ejecutivo. Por lo tanto, no se trata de una disputa legal, sino política, que incluye ataques personales contra jueces que se atrevan a frenar estas iniciativas.

Por ahora, esas disputas han obstaculizado varias de las iniciativas de Trump, frenando el desmantelamiento de agencias, incluyendo los despidos masivos. Ayer por la tarde, otro juez federal emitió una orden que frena el desmantelamiento de la agencia de asistencia internacional Usaid, al determinar que la orden para cerrarla probablemente viola la Constitución.

Hemos estado hablando durante muchos años sobre cuándo se presenta una crisis constitucional, comentó el director del Centro de Derechos Constitucionales, Vince Warren, en entrevista con Democracy Now. “Estoy aquí para decirles que este es el momento. La pregunta que todos estamos enfrentando es que cuando un tribunal emite órdenes legítimas para obligar a que el gobierno cumpla con cosas que debe hacer, o deje de hacer cosas que no debería hacer, o de cumplir la ley, y el gobierno dice: ‘sí, realmente no necesitamos cumplir con eso (orden judicial)’, ésa es la definición de una crisis constitucional”.