l día en que la presidenta Claudia Sheibaum convocaba en su conferencia mañanera a una asamblea nacional en el Zócalo, en Chilpancingo más de 7 mil indígenas y campesinos de nueve municipios de la zona centro, Montaña Baja y Alta de Guerrero, marchaban al palacio de gobierno para sentar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con todo su gabinete.

Era la segunda movilización de comunidades rurales que tomaban la capital del estado en menos de dos años. Sus planteamientos son añejos: construcción de caminos, centros de salud, escuelas de educación básica y su incorporación a los programas federales. Los contingentes fueron abanderados por los presidentes y presidentas municipales de Atlixtac, Mochitlán, Ahuacotzingo, Chilapa, Zitlala, Mártir de Cuilapa, José Joaquín de Herrera, Acatepec y Tixtla. Paralizaron el transporte público de la zona centro y tomaron la Autopista del Sol para demostrar su fuerza y capacidad de convocatoria. Se cansaron de bloquear carreteras y de firmar minutas que no se cumplen. Llegaron para arrancar acuerdos definitivos con la gobernadora. A las 20 horas los contingentes emprendieron la retirada con el compromiso de que los secretarios de despacho visitarán a las comunidades para dar cumplimiento a sus demandas.

La ausencia de las instituciones y el abandono secular delos tres niveles de gobierno en las comunidades rurales, han causado daños incuantificables a generaciones de familias que sobreviven de sus parcelas y trabajos eventuales. Han perdido padres y hermanas por enfermedades curables. Por falta de clínicas y médicos las mujeres mueren de parto sin que nadie certifique sus decesos ni revierta esta ignominia. El calvario que padecen las niñas indígenas, que son víctimas de los matrimonios forzados, las esclaviza y somete al ciclo de la violencia conyugal. La Secretaría de Educación Pública se ha encargado de sumergir a las niñas en el fango del analfabetismo.

Los jóvenes, que con dificultades aprendieron a leer y escribir, no tienen otra opción que enrolarse al peonaje de las agroindustrias. Varios prefieren endeudarse y arriesgar su vida cruzando el desierto de Sonora. Cuando logran el milagro de conseguir trabajo en Nueva York, religiosamente envían sus remesas para pagar la manda a los santos y aliviar las múltiples carencias de sus familias. Los niños, además de cuidar los chivos, se daban tiempo para rayar los bulbos de la amapola y canjear las bolitas de goma por golosinas. El fentanilo erradicó las siembras del narco y ahora los infantes son víctimas de los distribuidores del crystal.

En Guerrero la mayor amenaza se cierne en las ciudades y comunidades con las organizaciones criminales que se expanden sin restricción alguna en las ocho regiones del estado. Las principales plazas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco están en disputa permanente. En la Tierra Caliente las nueve presidencias municipales están controladas por La familia michoacana. En abril de 2023 todos los alcaldes encabezaron bloqueos en Ciudad Altamirano, Tlapehuala, Coyuca de Catalán y Arcelia. Exigían la destitución de la fiscal Sandra Luz Valdovinos por los cateos que realizó en varias viviendas donde aseguró algunos vehículos de lujo robados.

En la región serrana, la cabecera municipal de Heliodoro Castillo, se ha erigido en el centro de operaciones de Los Tlacos que disputan amplias franjas del territorio guerrerense. En la zona centro la confrontación se da por el corredor de la droga entre Acapulco-Chilpancingo-Iguala. Los Tlacos y Los Ardillos han protagonizado enfrentamientos sangrientos en la capital del estado, no sólo por el control de las rutas sino por la presidencia municipal. Los ayuntamientos de la zona centro como Tixtla y Mártir de Cuilapa están bajo el control de Los Ardillos que se expandieron hacia la Costa Chica en Ayutla de los Libres y Tecoanapa. En la Montaña Baja, Chilapa es su principal bastión que se ha fortalecido con Zitlala y Ahuacotzingo. En la Montaña Alta han incursionado en municipios donde se asientan comunidades Me pháá de Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa y Acatepec.

En la ruta de la Montaña Alta, Los Ardillos encontraron un terreno fértil para asumir el control de las pequeñas localidades que sobrevivían del cultivo de la amapola. Las reyertas que protagonizan los partidos políticos y sus dirigentes facilitaron la incorporación de personajes vinculados con la delincuencia. Con la promesa de financiar campañas se enquistaron en los grupos políticos para meterse de lleno en la postulación de candidaturas.

En la pasada contienda electoral la reconfiguración política del estado delimitó la nueva territorialidad delincuencial. Varios triunfos de candidatos a presidentes municipales se obtuvieron por el padrinazgo de los jefes de las plazas. Las comunidades indígenas abandonadas a su suerte brindaron su apoyo a los candidatos palomeados por las organizaciones delincuenciales, a cambio del rastreo de caminos, apoyos económicos para sus fiestas patronales y la compra de votos. El vacío gubernamental lo cubren los jefes de las plazas que administran los recursos de los ayuntamientos. Sus empresas se encargan de la obra pública, que además de monopolizar los recursos, se granjean la confianza de las comunidades al construirles algún salón de clases o una casa de salud.

Su presencia en las comunidades ha desplazado a las autoridades municipales que se supeditan a sus dictados. A nivel estatal, con la presión de las comunidades han emplazado a la gobernadora para que asigne mayor presupuesto a los municipios más pobres. En el plano federal demandan que todos los programas se apliquen en las comunidades más recónditas y se beneficien a las familias más pobres que no tienen documentos o que trabajan como jornaleros agrícolas fuera de sus comunidades. Lo trágico es que las organizaciones delincuenciales han pavimentado la vía de la movilización social tomando la bandera de los pueblos, para acceder a los recursos públicos. Con su vinculación en terreno, contrastada con la ausencia de los gobernantes, han armado una agenda mínima con las necesidades más sentidas de las comunidades indígenas, erigiéndose como interlocutores políticos.

*Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan