Lima. El depuesto ex presidente peruano Pedro Castillo calificó de pantomima el juicio en su contra que empezó ayer por el cargo de rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022 y por el cual la fiscalía pide 34 años de prisión.

No me puedo someter a un juicio oral donde todo puede estar predispuesto; es una pantomima, denunció Castillo ante el tribunal de la Corte Suprema.

El caso contra Castillo, de 55 años, ex sindicalista emergido de la izquierda radical, se desarrolla en un juzgado anexo a la prisión donde está recluido desde diciembre de 2022.

La audiencia de instalación del juicio oral duró tres horas y se suspendió hasta mañana por disposición del presidente del tribunal, José Neyra.

Castillo ingresó a la sala custodiado por dos agentes penitenciarios. Vestía camisa clara y pantalón oscuro.

La tensión rondó la audiencia cuando el ex presidente cuestionó la imparcialidad del tribunal y anunció su decisión de renunciar a la defensa de un abogado porque, dijo, está condenado de antemano.

El tribunal nombró entonces al defensor público Edgar Callahuanca como su abogado, lo cual aceptó.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país en el cual anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) por presunta corrupción.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

Nunca me levanté en armas, ha sostenido Castillo en audiencias ante magistrados, indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.

Estoy secuestrado, jamás he cometido el delito de rebelión, los cargos que me atribuyen son ilegales, acusó Castillo, posición que sostiene desde finales de 2022, cuando un juez le dictó 36 meses de prisión preventiva.

La fiscalía pide 34 años de cárcel con 65 pruebas documentales y la declaración de unos 70 testigos, según el expediente entregado al tribunal.

Además, solicita la pena de inhabilitación de tres años y seis meses.

Castillo llevaba 17 meses en el poder cuando fue destituido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, cerrar el Congreso y adelantar elecciones.