La Cámara de Diputados dejará en la congeladora legislativa, pero no retirará de las comisiones del Trabajo y Vivienda, la iniciati-va de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) que incrementa las cuotas de salud de trabajadores de base y maestros.

La ley del Issste no se va a aprobar o a rechazar. Vamos a cumplir con el compromiso con instituciones públicas del Ejecutivo. No se habrá de aprobar si no hay acuerdo con los maestros, declaró el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.

La iniciativa se recibió el 7 de febrero y, después de las protestas del magisterio en la mayoría de los estados del país, las comisiones decidieron no convocar a reunión de trabajo para analizar el proyecto.

El domingo pasado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que mantendrá las movilizacio-nes hasta que se retire la iniciativa, pues considera que su contenido tiene un afán recaudatorio y es un triunfo para las Afore.

Ayer, en conferencia de prensa en sus oficinas del Palacio Legislativo, Ricardo Monreal sostuvo que no se precipitará la revisión de la iniciativa en comisiones.

No habrá albazos legislativos ni premura en su aprobación, sin que estén enterados los maestros. Esta iniciativa está pendiente y no habrá nada que acelere su aprobación, ofreció.

Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico del PAN, recordó que la reforma propone que las cuotas y aportaciones del seguro de salud se calculen sobre el salario integrado y no sobre el sueldo básico; es decir, que implica un aumento para los trabajadores de mayor ingreso, que reducirá sus percepciones netas sin garantizar un servicio médico de calidad.

Detalló que, como está planteada, la reforma implicaría ingresos adicionales de 11 mil millones de pesos al año, de los cuales 3 mil 400 millones provendrán directamente de las cuotas de los trabajadores, sin embargo, el resto deberá ser financiado por entes del Estado, lo cual representa riesgos críticos porque implica una aportación patronal adicional, que se traduciría en presiones fiscales.