La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que en la capital del país no se puede consentir que avance ni un milímetro la intolerancia y la negación del otro, e indicó que no permitirá que ningún funcionario de su administración incurra en algún tipo de abuso, y reiteró que las personas que agredieron a una mujer transgénero asumirán toda la responsabilidad legal que corresponda a sus actos.

En el décimo cuarto aniversario del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), recordó que el mismo día de los hechos fueron identificados los agresores y que de inmediato se aplicaron las medidas conducentes y se brindó total apoyo a Donají.

Advirtió que ninguna persona que quiera trabajar en el Gobierno de la Ciudad de México puede tener posiciones transfóbicas y discriminatorias, pues los principios de su gobierno y de las personas que trabajan en él son: respeto irrestricto y diálogo permanente con la comunidad trans y tener una actuación apegada a los derechos humanos y a la ley en las acciones de ordenamiento de la vía pública.

Señaló que no es permisible que estas conductas perduren entre los policías, quienes aún tienen esas prácticas, por lo que señaló que no sólo debe haber castigo, sino también se debe brindar mayor capacitación.

Ante funcionarios del Copred, invitados y asistentes al evento, Brugada consideró que las diferencias no deben ser motivo de exclusión, sino que deben ser la base de la fortaleza como sociedad.

En tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se abrió una carpeta de investigación tanto en la Dirección General de Asuntos Internos de la dependencia a su cargo, como en el área de Inspección de la Policía Auxiliar, para revisar por qué no actuaron los uniformados que estaban presentes durante la agresión ocurrida en la Alameda Central.

Por otra parte, la titular del Copred, Geraldina González de la Vega, informó que en los pasados seis años se elaboraron 700 opiniones consultivas a la Fiscalía General de Justicia local por el delito de discriminación, sobre todo con casos asociados al embarazo, condiciones de salud y discapacidad.