ocentes de Baja California, Chiapas, Chihuahua, estado de México, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán se manifestaron ayer en contra de la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 7 de febrero. Entre las causas del malestar magisterial se encuentran las dos modificaciones propuestas –el incremento en las cuotas a los trabajadores con mayores remuneraciones a fin de mejorar los servicios de salud y la afectación a los programas de vivienda–, así como la ausencia de cambios que lleven a la derogación efectiva de la contrarreforma de 2007, los cuales, afirman los docentes, fueron acordados tanto con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador como con la actual mandataria.
La abrogación de los cambios realizados durante el calderonato incluye eliminar el criterio de edad para la jubilación y basarlo únicamente en los años de servicio, el regreso al sistema de pensiones solidarias. Asimismo, exigen que sus pensiones se establezcan en función del salario mínimo y no de la unidad de medida y administración (UMA), una demanda central si se considera que este último indicador corresponde a 113 pesos diarios, apenas 40 por ciento de los 279 pesos del salario mínimo general y los 419 vigentes en la zona libre de la fronte-ra norte.
Como los quejosos señalan, no existe claridad acerca del sentido y los alcances de la propuesta impulsada por el partido gobernante, lo cual se refleja en la manera en que los docentes presentan sus exigencias. Por ejemplo, un grupo de inconformes expresó que las modificaciones eliminarían la posibilidad de retiro por años de servicio y modificaría las condiciones económicas de sus pensiones
cuando, de hecho, esas afectaciones llevan tres lustros en vigor. También había confusión en torno al aumento de las cuotas; sin embargo, ayer el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados reiteró que el alza fue incluida en el texto de la iniciativa por error, y se retirará del mismo de inmediato.
En este escenario en que se aúnan el descontento y la desorientación en torno a la iniciativa, lo mejor que pueden hacer los legisladores es abrir un diálogo franco con los docentes, que no se limite a la dirección del SNTE, en el cual se recojan sus exigencias, se despejen las dudas y se busquen los puntos de coincidencia, tanto con la finalidad de dar a conocer las bondades de la propuesta que el magisterio pueda haber pasado por alto, como para dar cumplimiento a sus demandas legítimas y a los compromisos establecidos con ellos por la presidenta Sheinbaum y su antecesor. En este ánimo de transparencia, no ha de descartarse la posibilidad de procesar la reforma en un parlamento abierto.
Cabe desear que el ánimo de escucha y rectificación prevalezca en todo el trámite de la reforma; de ser así, se daría paso a un ciclo virtuoso en el que no sólo se enmienden los posibles daños a los trabajadores del Estado, sino vaya más allá de lo originalmente planteado en los aspectos positivos de las modificaciones legales.
