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Advierten sobre graves y costosos efectos de la designación
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de febrero de 2025, p. 4

La designación de organizaciones terroristas globales que Washington impuso a seis cárteles mexicanos conlleva cambios significativos que implican reforzar los mecanismos de supervisión, cumplimiento y prácticas de prevención de lavado de dinero, lo cual afectará al sistema financiero en general, indica un documento de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En materia de prevención de lavado de dinero las instituciones financieras deberán fortalecer sus sistemas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas e invertir en tecnología y personal capacitado para identificar transacciones que puedan estar relacionadas con el apoyo al terrorismo.

La propia ABM destacó que el sistema de regulación mexicano ya cumple con los estándares más rigurosos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Al mismo tiempo, señala el documento, los bancos tendrán que cumplir con normativas más estrictas y las reglas de debida diligencia, en particular las relacionadas con clientes y beneficiarios finales, deberán ser más rigurosas.

Otra implicación es que los bancos deberán reportar más actividades sospechosas y el incremento en los reportes generará un mayor volumen de casos para ser analizados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El texto también precisa que las instituciones financieras mexicanas podrían enfrentar un aumento en la carga regulatoria y los costos operativos debido a la necesidad de actualizar y reforzar sistemas de supervisión e incrementar las contrataciones de personal altamente especializado.

Los costos irán al alza, también, porque se tendrán que reforzar programas de cumplimiento de sanciones internacionales e implementar controles más estrictos para la apertura de cuentas y transferencias internacionales. Estas acciones no sólo complicarían aún más la operativa bancaria, sino que también podría encarecer los servicios financieros para los clientes.

El escrutinio adicional por parte de Estados Unidos hacia las transacciones internacionales relacionadas con México podría ralentizar el comercio y dificultar el flujo de remesas.