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Exigen ONG proteger a activistas en el estado
 
Periódico La Jornada
Jueves 20 de febrero de 2025, p. 24

Luego del asesinato de tres integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), la semana anterior, más de 20 organizaciones nacionales e internacionales exigieron un alto a los ataques contra personas indígenas defensoras del territorio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Al recordar que el 13 de febrero pasado fueron emboscados los campesinos Wilfrido Atanacio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, habitantes de la comunidad ayuujk El Platanillo, Santo Domingo Petepa, las organizaciones integrantes de la Misión Civil de Observación en el Istmo de Tehuantepec advirtieron que lo anterior es parte de una serie de agresiones a personas y comunidades defensoras de derechos humanos, de la tierra y el territorio.

Ante la violencia sistemática contra las comunidades de esa región, llamaron a tomar medidas de protección inmediata para integrantes de Ucizoni y comunidades en riesgo; detener y sancionar a los responsables de los ataques y establecer una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación para atender sus demandas.

La Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz, Front Line Defenders y el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, entre otras organizaciones, indicaron que las agresiones ya habían sido denunciadas por la misión civil que se realizó del 25 al 27 de julio de 2023.

Opositores al Corredor Interoceánico, en la mira

En su informe, documentaron que entre 2021 y 2024 se cometieron al menos 226 agresiones contra personas defensoras, que incluyeron hostigamiento, agresiones físicas, probables desapariciones forzadas, desplazamientos internos forzados, detenciones arbitrarias, criminalización y homicidios.

Entre quienes perpetraron esos ataques, apuntó, destacan el Estado mexicano, empresas o personas que tienen intereses en la construcción del Corredor Interoceánico en esta zona de la entidad.

Señalaron que es alarmante la criminalización de defensores, pues están vigentes tres carpetas de investigación contra 24 personas indígenas que han resistido de manera pacífica a la imposición del Corredor Interoceánico; varios son integrantes de la Ucizoni.