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FGR define políticas públicas contra la tortura
 
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de febrero de 2025, p. 13

La Fiscalía General de la República (FGR) publicó ayer el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el que define las políticas públicas específicas para combatir este tipo de delitos, así como para la protección, asistencia, ayuda, atención y reparación integral de las víctimas.

El documento fue publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, luego de que a principios del presente mes, un tribunal colegiado de la Ciudad de México ordenó a la FGR expedir dicho programa en cumplimiento de la ley en la materia.

Como uno de los primeros objetivos, en el documento de 116 páginas se indica que se implementarán campañas de capacitación y sensibilización dirigidas a servidores públicos para la consolidación de la cultura de cero tolerancia de actos de tortura para cualquier autoridad en los tres poderes y órdenes de gobierno, así como los organismos autónomos y todas aquellas con mandato de atención prioritaria.

Más de 4 mil víctimas directas y mil indirectas

Además, contiene un diagnóstico con información proporcionada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), según la cual, de 2014 hasta abril de 2022 se registraron 4 mil 236 víctimas directas que fueron inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi), así como mil 127 indirectas de este tipo de delitos, a quienes se les brindó atención médica, sicológica, asistencia por medio de trabajo social o asesoría jurídica y representación legal.

A principios de febrero, al dar a conocer el fallo del décimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México con el que se instruyó a la FGR emitir el programa, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), junto con otras organizaciones de la sociedad civil, indicaron que la medida parte de amparos promovidos desde hace tres años, luego de que desde junio de 2017 se expidió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en la que se instruía la elaboración de este programa.