Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que ordenó el despido de los fiscales nombrados por su predecesor, Joe Biden, que aún estén en el cargo, en tanto que una jueza federal rechazó ayer una petición para bloquear temporalmente la competencia de Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) para despedir empleados federales y tener acceso a datos de los contribuyentes.

“Durante los últimos cuatro años, el Departamento de Justicia ha sido politizado como nunca. Por tanto, he ordenado el cese de TODOS los fiscales estadunidenses de la ‘era Biden’ que quedan”, publicó el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

El país tiene 93 fiscales, uno por cada uno de sus 94 distritos judiciales federales. Dos de esas demarcaciones comparten fiscal. Varios de estos funcionarios designados en la administración Biden ya habían dimitido tras la victoria de Trump.

En tanto, la magistrada de distrito Tanya Chutkan negó una solicitud para bloquear parcialmente la competencia de Musk y el DOGE para despedir empleados federales y su acceso a datos de los contribuyentes, después de que 14 estados gobernados por demócratas presentaron una demanda la semana pasada para impugnar la autoridad del magnate tecnológico.

La administración Trump también ordenó ayer a las agencias de defensa que entreguen una lista de sus empleados en periodo de prueba, pues muchos podrían ser despedidos esta semana, informó The Washington Post, que citó a cinco personas familiarizadas con el asunto. La directiva coincide con la llegada al Pentágono de personal del Servicio DOGE, liderado por Musk.

Nuevas órdenes de la Casa Blanca

Trump firmó ayer una orden ejecutiva que restablece una antigua norma según la cual sólo el presidente o el fiscal general pueden hablar en nombre de Estados Unidos cuando expresen una opinión sobre lo que es la ley, mientras en otra orden el magnate detalló cómo ampliar el acceso a la fertilización in vitro y hacerla más asequible.

El magnate también suscribió un memorando presidencial que obliga a las agencias federales a informar sobre los derroches, fraudes y abusos que se descubran y los detalles de los programas que se eliminen.

Asimismo, justificó el veto a la agencia Ap por su negativa a utilizar el término Golfo de América y la acusó de desafiar su autoridad y cumplir con la ley.