Miércoles 19 de febrero de 2025, p. 22
Tegucigalpa. Honduras acordó ayer con Estados Unidos mantener el tratado de extradición de narcotraficantes, luego de que el gobierno de Xiomara Castro amenazó con retirarse por supuestos planes de un complot
en su contra orquestado por la Casa Blanca.
La presidenta izquierdista hodureña anunció que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para la continuidad del tratado de extradición establece “las salvaguardas necesarias para Honduras, garantizando su aplicación objetiva.
He asegurado el respeto a la integridad de las fuerzas armadas, institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático
, afirmó Castro en su cuenta de X.
El 28 de agosto de 2024 la presidenta Castro denunció el tratado de extradición con Estados Unidos –que data del siglo pasado– luego de que la embajadora estadunidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, cuestionó una visita de funcionarios hondureños a Venezuela.
Castro calificó de injerencia
la intervención de Dogu, quien manifestó la preocupación
de Estados Unidos por la reunión que sostuvieron en Caracas dos altos funcionarios hondureños con el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, señalado por narcotráfico en Washington.
Además, el mes pasado advirtió que suspendería el acuerdo de extradición si la administración de Donald Trump cumplía su promesa de hacer deportaciones masivas.
Mientras, Costa Rica anunció que servirá de puente para migrantes de países del centro de Asia e India deportados desde Estados Unidos; con lo que se convirtió en el tercer país centroamericano –junto con Panamá y Guatemala– que aceptó colaborar con la Casa Blanca en repatriaciones de migrantes de otras nacionalidades, desde que Trump asumió la presidencia estadunidense, el 20 de enero.
Hoy recibirá a los primeros 200 asiáticos e indios deportados, que luego serán trasladados a sus países de origen, en una operación financiada por Washington y con supervisión de la Organización Internacional para los Migrantes, según un comunicado de la presidencia costarricense.
El canciller peruano, Elmer Schialer, informó que su país tiene previsto recibir entre 200 y 300 connacionales deportados cada mes, reportó la radio local RPP.