Cientos de personas han resultado afectadas debido a la detención de los trámites para pensiones alimenticias y juicios sucesorios por el paro de trabajadores de los juzgados familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en la plaza Juárez, quienes demandan un aumento salarial de 7 por ciento.

Litigantes independientes se quejaron por el cierre de la instalaciones, al mencionar que se atrasan los procesos que gestionan y su paga, ya que se cobra como se va avanzando en los juicios, por lo cual nos vemos afectados en nuestros ingresos. Se entiende la carga de trabajo que tienen, pero nosotros debemos dar la cara a nuestros clientes, quienes se desesperan ante esta situación.

Mónica González señaló que en estos juzgados tiene al menos ocho asuntos por resolver, los cuales están en la incertidumbre.

Dijo que resultan más vulnerables quienes no cuentan con recursos económicos suficientes y acuden a la representación gratuita con abogados de oficio, ya que les implica gastos venir a pararse diario aquí sin obtener respuesta.

Deficiente y lento

Emmanuel Maldonado, trabajador de los juzgados, por su parte dijo que la suspensión de labores empezó el jueves pasado por un conflicto que se viene arrastrando desde la pandemia, que empezó con el proceso de digitalización.

Señaló que en el sistema integral de gestión judicial se reciben los acuerdos que se hacen en todo el Poder Judicial, el cual es ineficiente y ralentiza los procesos.

Ejemplo de ello es que hay ocasiones en que, cuando termina una audiencia y no hay red para subirla al sistema, se tiene que volver a transcribirla en un documento Word o imprimirla, y que la firmen las partes y los abogados para después esperar hasta que regrese la red y poder subirla escaneada al sistema.

Dijo que con la extinción de juzgados se tiene que dejar todo listo para que documentos y expedientes se remitan al juzgado receptor, que aun trabajando horas extras no puede hacerlo por la gran cantidad de información.

Por ello, dijo, pedimos un salario justo, la interrupción de la extinción de juzgados hasta contar con un sistema eficaz, apoyo para la contratación de más trabajadores y que los insumos, como el papel que nos proporcionan, sean suficientes.

Denunció que se estaban pidiendo nombres de los inconformes para tomar represalias en su contra.