Al advertir que durante la pasada administración se detectaron 153 tomas de agua clandestinas en la Ciudad de México, el diputado de Morena en el Congreso capitalino Miguel Ángel Macedo Escartín presentó una iniciativa de reforma al Código Penal que adiciona el capítulo de Robo, apropiación, distribución y acceso ilícito del agua, en el que propone una pena de hasta seis años a quien sustraiga y se apropie de flujos de agua potable y de hasta ocho años a quien realice su comercialización ilícita.

La iniciativa contempla agravantes que aumentan la pena en una mitad, hasta nueve años en el primer caso y hasta 12 en el segundo, en los casos de servidores públicos implicados en la comisión del delito, se dañe la infraestructura hidráulica del servicio público, el agua se destine a actividades industriales, sean cometidos por grupos organizados y en contra de reincidentes.

Al exponer ante el pleno la iniciativa, el legislador señaló que entre 2019 y 2014, el entonces Sistema de Aguas de la Ciudad de México –hoy Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua)– recibió mil 348 denuncias por tomas clandestinas, de las cuales logró confirmar 153, principalmente en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

Si bien se aprobó el año pasado una reforma al Código Fiscal que establece multas de hasta 37 mil pesos a quienes obtengan y comercialicen agua por vías clandestinas, y el mismo Código Penal sanciona el despojo de aguas con hasta diez años, el legislador consideró necesario tipificar de forma específica el llamado huachicoleo de agua para castigar a quienes la sustraigan con fines comerciales, al advertir que se trata de una actividad que puede poner en riesgo la seguridad hídrica de la ciudad.

La reforma establece como tipos penales el robo de agua y la comercialización ilícita del agua, y establece además sanciones para quien haga un uso indebido de permisos y concesiones con hasta siete años de prisión, a quien altere medidores e infraestructura hidráulica con hasta seis años y plantea reparación del daño cuando resulte afectada la infraestructura hidráulica y de compensación a la comunidad afectada por la falta o disminución del servicio como consecuencia de una sustracción ilícita del recurso.