A 29 años de los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno federal mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) y Serapaz se pronunciaron por seguir luchando por su cumplimiento.

Es una tarea no limitada sólo al conflicto armado en Chiapas, sino de todos los pueblos y organizaciones, señalaron.

Como parte de la conmemoración, Aldea publicó un cuadernillo sobre este convenio, suscrito el 16 de febrero de 1996, en los que se establece la importancia de que los pueblos indígenas sean actores fundamentales de las decisiones que afectan su vida, que se les reconozca como sujetos de derecho, así como su libre determinación y autonomía.

También, la necesidad de ampliar la participación y representación política de los pueblos indígenas en el ámbito local y nacional, garantizar su pleno acceso a la justicia, admitir sus sistemas normativos internos para la solución de conflictos y garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas.

En la presentación del cuadernillo –que puede ser consultado en Internet–, Gonzalo Ituarte, presidente de Serapaz, destacó que los acuerdos de San Andrés son un hito de cambio en la historia del país y están ligados a la vida y las raíces de la patria.

A partir de esa revolución de baja intensidad, México tomó un nuevo camino, aunque se han encargado de entorpecerla, dificultarla, perseguirla, torturarla, expresó. No obstante, dijo, podemos tener confianza en que los pueblos indios caminan desde hace más de 500 años.

Miguel Álvarez, cofundador de Serapaz, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación de entonces, resaltó que los documentos siguen siendo fuente de riqueza, de iluminación. Se generaron no por el EZLN, sino por una amplísima participación indígena, social y civil.

Por Aldea, participaron, entre otros, Rosa María López, Carmen Guillén, Claudia Ignacio y Efraín Avilés, quienes expusieron algunos de los retos que siguen enfrentando los pueblos indígenas como la falta de consultas transparentes y de carácter obligatorio por gobiernos locales y federal en proyectos que afectan su territorio.

De igual manera, la deuda que se tiene con los pueblos afromexicanos, frente a la falta de un reconocimiento pleno a su historia y sus contribuciones sociales, culturales y económicas al país.