Defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia y académicos mexicanos sumaron su apoyo al gobierno mexicano con motivo de la audiencia que se llevará a cabo el 4 de marzo, en la cual la Suprema Corte de Estados Unidos determinará si las empresas fabricantes de armas tienen inmunidad legal, pese a que sus prácticas facilitan el tráfico ilícito a México.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Teodomira Rosales Sierra, directora del Centro Regional de Derechos Humanos de Chilapa; Adrián LeBarón y Lorenza Reza Garduño, así como los académicos Cecilia Farfán, Sara San Martín, Sergio Aguayo y Ricardo Pérez Ricart, entre otros, enviaron un documento amicus curiae (amigo de la corte) al tribunal supremo, en el que argumentan que el contrabando de armas desde Estados Unidos ha causado una crisis de violencia en México y afectado desproporcionadamente a mujeres, niños, comunidades marginadas y desplazados.

Señalan que 70 por ciento de las armas recuperadas en crímenes en el país son estadunidenses y cada año ingresan entre 200 mil y 500 de manera ilegal; son utilizadas por grupos criminales para asesinar, cometer desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas.

Según el documento, entre 1990 y 2024, se perpetraron más de 683 mil homicidios, de los cuales más de 50 por ciento se cometieron con armas de fuego. En ese periodo la violencia armada provocó la desaparición de más de 120 mil personas y el desplazamiento forzado de casi 400 mil.

El amicus curiae incluye testimonios de víctimas directas, como Adrián LeBarón, cuya familia fue masacrada en 2019 por un grupo armado.

Organizaciones como Sabuesos Guerreras AC y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas –localizadores de fosas clandestinas– denuncian la proliferación de armas y su impacto en la inseguridad y la impunidad.

México mantiene dos litigios en el país vecino con el fin de frenar el tráfico ilícito de armas.

El gobierno presentó la primera demanda en 2021 ante una corte federal en Massachusetts contra ocho fabricantes y distribuidores, argumentando que su negligencia contribuye a la violencia.

En 2022, interpuso otra en Arizona, contra cinco tiendas que presuntamente venden armas con pleno conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado.