l pasado 27 de enero el Colectivo Colibrí, una red de organizaciones de mujeres afromexicanas y de los pueblos nuu savi, mè’phàà, nahua y ñomndaa de Guerrero, junto con un equipo de académicas, presentó los resultados de cuatro años de investigación sobre los impactos que tienen las distintas expresiones de violencia en las vidas de las mujeres y cómo el racismo y las discriminaciones de género son parte de éstas. Su informe, Mujeres indígenas y afromexicanas, recomendaciones interculturales y antirracistas frente a las violencias múltiples, nos recuerda temas pendientes a casi tres décadas de la firma de los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres sobre derechos y cultura indígena, firmado entre el EZLN y el Estado mexicano el 16 de febrero de 1996.

Desde las voces de destacadas lideresas que forman parte de Colibrí se vislumbra una agenda necesaria para avanzar en el cumplimiento de los derechos. Es una agenda que se topa con los claroscuros del contenido de las reformas al artículo 2º sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que entró en vigor el 1º de octubre de 2024. Tal como describen Magda Gómez y Bárbara Zamora en sus respectivos artículos (publicados en este espacio), más que saldar una deuda histórica con los pueblos, la reforma puede provocar retrocesos y su contenido se debe leer también a partir de lo que calla.

Uno de los silencios sobresalientes tiene que ver con los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas. Mientras la reforma detalla de manera extensa (aunque con límites) los derechos de los pueblos indígenas, los de los afromexicanos se enuncian en un breve apartado C que establece que tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores de este artículo, a fin de garantizar su desarrollo e inclusión social. Tal como señaló Asunción Salinas, integrante del colectivo, las nuevas reformas, más que reconocer a la población afromexicana como sujeto de derechos, la sigue invisibilizando. Refleja el racismo que mujeres afromexicanas viven en lo cotidiano por medio de estereotipos de que las mujeres afro somos fuertes y aguantamos todo y por las violencias feminicidas, enfatiza. Un punto central de la agenda consiste en dotar de contenido los derechos específicos de la población afromexicana, incluyendo a las mujeres, a partir de sus propias historias y exigencias.

El racismo provoca condiciones de mayor precarización y de mayor vulnerabilidad a diversas violencias. Sin embargo, sus impactos diferenciados no han sido parte del debate público en México. El informe detalla las distintas formas en que se expresa el racismo hacia mujeres nuu savi, mè’phàà, nahua, ñomndaa y afromexicanas, porque, tal como señala el colectivo, si bien el racismo duele igual, también se vive de manera diferente y se combate con acciones diferenciadas.

Valeriana Nicolás, otra integrante de Colibrí, resaltó que los casos de violencia obstétrica y de mortalidad materna las impactan de manera desproporcionada. Refleja el racismo estructural e institucional de la sociedad y del Estado mexicano. Señala que, en regiones de mayor población indígena y afromexicana, no hay médicos para atender a las mujeres, la atención no es adecuada. Obligan a las mujeres a firmar una alta voluntaria sin antes haberles informado en su lengua. Los derechos colectivos se violentan cada vez que el sistema médico desprecia los conocimientos y prácticas ancestrales y el rol que desempeñan en sus comunidades las parteras tradicionales.

Las políticas interculturales son insuficientes, deben de ir de la mano de políticas y mecanismos que combaten el racismo. Es una insistencia del Colectivo Colibrí respaldada por experiencias internacionales en voz de Irma Alicia Velásquez, intelectual maya k’iche’ de Guatemala. En el evento, señala que ella, junto con otras mujeres indígenas, al lado de sus hermanas afrodescendientes, planteamos que no se puede avanzar en una agenda de derechos si no se ataca el racismo tan enraizado en nuestras sociedades.

El informe también señala temas pendientes relacionados con la vida y los derechos agrarios de mujeres indígenas y reconoce que falta precisar estas mismas exigencias para afromexicanas. Al mismo tiempo, no se pueden reconstituir territorios ancestrales ni formas propias de gobiernos, junto con los saberes e idiomas de los pueblos, si no se enfrentan las violencias que viven en lo cotidiano mujeres y niñas.

Inés Fernández, también del colectivo, conoce de cerca cómo el despojo territorial va de la mano con las violencias que ellas viven. En su lucha por la justicia contra la violación sexual que vivió a manos del ejército en 2002, y que resultó en una sentencia a su favor en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010, insiste que las reparaciones son colectivas y que deben incluir la desmilitarización. Inés dio clausura al evento al insistir que el gobierno actual debe cumplir con las exigencias presentadas. Son las voces de lideresas, sus organizaciones y comunidades las que marcan la pautas más allá de lo que posibilitan o limitan los marcos jurídicos vigentes y que retoman los debates centrales que se dieron décadas atrás en el marco de los Diálogos de San Andrés.