asta el jueves, 21 organizaciones habían recibido luz verde del Instituto Nacional Electoral (INE) para efectuar asambleas de afiliación, primer paso hacia su objetivo de convertirse en partidos políticos, mientras otros 68 grupos siguen a la espera de que la autoridad electoral valide que cumplen los requisitos iniciales. Muchas de estas instituciones están conformadas por personas provenientes de partidos extintos por no haber alcanzado el 3 por ciento de los votos en elecciones federales necesarios para mantener su registro, entre los que se incluyen tanto algunos que desaparecieron a sólo unos meses de haber sido fundados como otros que tuvieron presencia por más de una década, e incluso el PRD, que el año pasado tocó fondo tras una larga agonía.
La cantidad de organizaciones que buscan la categoría de partidos nacionales, la trayec-toria de los personajes que los dirigen e inte-gran y la evidente ausencia de respaldos populares que los caracterizan hacen ostensible el rasgo común de estos proyectos: su objetivo primordial es el enriquecimiento personal y faccioso a través del desmesurado presupuesto asignado a dichas instituciones año tras año. Se trata de membretes vacíos, faltos de propuestas programáticas, de perfiles ideológicos y de representatividad, por lo que desde antes de formalizarse se revelan incapaces de cumplir las funciones esenciales de los partidos en un sistema democrático; a saber, la agregación de intereses, la intermediación entre Estado y sociedad, la politización de la sociedad o la transformación de las demandas sociales en políticas públicas.
En esta constelación de aspirantes a obtener una tajada de los 7 mil 354 millones de pesos que se reparten entre los partidos con registro destaca el caso de Somos México, cuyos liderazgos convergieron en la sucesión de membretes creados por el magnate Claudio X. González para dirigir de forma supralegal a las formaciones de derecha en la pasada elec-ción presidencial. Más allá de la opinión que se tenga de políticos como Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, Emilio Álvarez Icaza, Carlos Navarrete o Fernando Belaunzarán, es insoslayable la participación de ex altos funcionarios del INE, incluido Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del instituto desde 2008 (cuando todavía se llamaba Instituto Federal Electoral y siguió tras el cambio de nombre en 2014) hasta 2023; en el último tramo, de manera ilegal. El apoderado legal de Somos México es Carlos Alberto Ferrer Silva, ex titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral del INE, muy cercano al ex consejero presidente Lorenzo Córdova. De este modo, continúa la confirmación de que el cordovato significó el control de la autoridad electoral por parte de una mafia que destruyó la de por sí lastimada credibilidad de dicho organismo para favorecer a las derechas y torpedear al movimiento fundado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Más allá de denunciar a sujetos impresentables que desean lucrar a expensas del erario, es preciso señalar que el actual modelo político-electoral está diseñado de tal manera que atrae a esta laya de sinvergüenzas: mientras los partidos reciban cifras tan elevadas como injustificables de dinero público, será inevitable que la política sea percibida como un botín por individuos inescrupulosos. Si se quiere acabar con esta lacra y crear instituciones imbuidas de espíritu cívico, cuyos miembros vean las labores políticas como una responsabilidad y no como una fuente de ingresos de dudosa legitimidad, es imperativo remplazar el sistema vigente por uno que separe definitivamente el poder político del económico.
