enia Hernández es madre, amuzga, afromexicana, abogada, defensora del territorio y de los derechos de las mujeres y, desde hace casi cinco años, presa política en el penal de Neza, estado de México.

Fue detenida arbitrariamente en octubre de 2020 y primero trasladada a un penal de máxima seguridad en Morelos; posteriormente, gracias a su defensa, la trasladaron a la cárcel Neza Sur, en el estado de México. Decenas de irregularidades hay en su caso. Ha sido, desde el inicio, discriminada por su origen. Nunca en su proceso legal, por ejemplo, tuvo traducción al amuzgo.

El tribunal de enjuiciamiento del distrito judicial de Almoloya de Juárez, estado de México, la sentenció a 21 años y nueve meses por robo con violencia de un celular. No les importó que se comprobara con geolocalizador que ella ni siquiera se encontraba en el lugar. Otra sentencia la condena a 10 años y 10 meses por ataque a las vías de comunicación. Esto se está negociando con Caminos y Puentes Federales.

Hace unas semanas, todas las televisoras y las redes difundieron la imagen de un niño de 12 años entregándole en mano una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en su recorrido por Tlapa, el corazón de la Montaña de Guerrero. El niño es hijo de Kenia, y pidió su intervención para liberar a su madre injustamente presa. La Presidenta le pidió su número telefónico.

Kenia nunca ha negado su activismo político en la defensa del territorio y, específicamente, de los derechos de las mujeres. Antes de su detención fungía como coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive y formaba parte del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg). Acompañaba a sobrevivientes de violencia machista y a familiares de víctimas de feminicidio, a personas injustamente privadas de su libertad y a los afectados por las actividades de empresas extractivas multinacionales en el territorio mexicano.

La defensa legal está solicitando un acuerdo reparatorio integral que abarque las 10 causas penales que existen contra Kenia. El fondo, como en cientos de casos más, es el derecho a la protesta de los pueblos versus la criminalización con la que el Estado responde.

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