San Salvador. Analistas y organizaciones civiles en El Salvador criticaron el anuncio que hizo el lunes el presidente Nayib Bukele, acerca de que su país recibirá a estadunidenses convictos para ser encarceladas en este país centroamericano, como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump.

No hay ninguna claridad sobre el alcance de ese convenio, declaró a La Jornada el abogado y comentarista político Marvin Maravilla, en referencia a la falta de información sobre cómo se implementará dicho plan en aspectos claves como encarcelar a personas que han cometido delitos en Estados Unidos y han sido juzgados ahí.

Hay un precepto en la Constitución de El Salvador, agregó el abogado, que dice que a nadie se le puede negar el derecho a la vida, a la libertad y a sus bienes si no ha sido escuchado y vencido en un juicio con arreglo a las leyes, es decir, a las leyes salvadoreñas, y no de otros países.

Existen otros líos legales, observó Maravilla, como los derechos de la población reclusa en Estados Unidos, por ejemplo el de las visitas de familiares y amigos, algo que está restringido en El Salvador por una ley de 2016, lo cual podría generar demandas en los tribunales del país del norte por tener acceso a ese derecho.

Bukele acordó abrir las cárceles salvadoreñas para encerrar a convictos estadunidenses a cambio de un pago, cuyo monto se desconoce, en medio de un mar de dudas sobre los detalles legales y operativos del acuerdo alcanzando el lunes en San Salvador con el secretario de Estado, Marco Rubio, durante su gira por Centroamérica.

Además, El Salvador va a seguir recibiendo a sus connacionales deportados, pero también a indocumentados que hayan delinquido en Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad, incluidos a miembros de pandillas como MS-13 y el Tren de Aragua, ésta última de origen venezolano, afirmó Rubio, al final de la firma de un convenio sobre el apoyo estadunidense para el desarrollo de una planta nuclear en El Salvador.

Existe, además, la preocupación de que miembros de esas estructuras criminales logren establecer formas de operar desde las cárceles salvadoreñas.

“La gente del Tren de Aragua ha corrompido los sistemas carcelarios de otros países, que son muy frágiles de por sí”, destacó Maravilla.

También se desconoce qué pasará con todas esas personas al finalizar su pena en El Salvador, y la duda es si se van a quedar en el país o si obligatoriamente deberán abandonarlo.

Eso es algo que preocupa sobremanera a la población salvadoreña, a juzgar por las opiniones escuchadas en programas radiales, de televisión y en redes sociales. Temen que, tras décadas bajo el control de las violentas pandillas salvadoreñas –MS-13 y Barrio 18– responsables de asesinatos, extorsiones y una camándula de otros delitos, se configuren nuevas estructuras del crimen.

Bukele celebró este acuerdo migratorio sin precedente.

En redes sociales, el mandatario escribió: estamos dispuestos a recibir únicamente a criminales judicialmente sentenciados (incluyendo estadunidenses) en nuestra megaprisión (Cecot), a cambio de una tarifa por persona, en referencia al Centro del Confinamiento del Terrorismo, inaugurado en febrero de 2023 y diseñado para albergar a 40 mil reclusos.

La política de mano dura de Bukele logró desarticular, desde marzo de 2022, las dos pandillas más violentas y extendidas en el país, (MS-13 y Barrio 18), hasta el punto en volverlas casi inexistentes, lo cual le ha granjeado amplio apoyo popular, por el orden de 80 por ciento, según varios sondeos.

Unas 84 mil personas acusadas de pertenecer a esos grupos criminales han sido arrestadas y encarceladas en diferentes prisiones del país, incluido el Cecot.

Sin embargo, abundan las denuncias de capturas de inocentes, sin vínculos con pandillas, así como de abusos y violaciones a los derechos humanos dentro de las cárceles.

Parte del dinero iría al sistema de salud

El mandatario salvadoreño añadió que la tarifa recibida por el gobierno estadunidense sería relativamente baja, pero significativamente alta para nosotros. Parte de ese flujo de dinero iría al sistema de salud de El Salvador, indicó.

Ruth López, de la organización de derechos humanos Cristosal, afirmó en entrevista televisiva, el lunes, que en lugar de amarrar un acuerdo puramente mercantilista, el presidente Bukele debió asegurar ventajas migratorias para los miles de salvadoreños que viven de forma irregular en Estados Unidos, quienes enfrentan el riesgo de las deportaciones que ya iniciaron en el nuevo mandato de Donald Trump.

Estamos en una situación de soberanía prepago, yo pienso que en lugar de estar cobrando por recibir a estas personas, se hubiera gestionado una condición migratoria regular para nuestros compatriotas, destacó López.

Por su parte, Rubio comentó ayer, desde Costa Rica, tercera parada de su gira por Centroamérica, que nadie había hecho una propuesta como la de Bukele, pero que obviamente, tendremos que estudiarla porque hay asuntos legales a considerar.